Gigante minero BHP enfrenta críticas por retrasar proyectos de descarbonización, mientras recibe $622 millones en créditos fiscales por diésel y paga solo $9 millones por excesos de emisiones.
Un escándalo de proporciones sacude a la industria minera australiana: el diputado laborista Jerome Laxale ha roto filas, exigiendo que la gigante BHP, una de las mayores empresas del mundo, rinda más cuentas por sus promesas climáticas, revelando retrasos críticos y un desequilibrio de $613 millones entre subvenciones y multas.
Según la investigación publicada por The Guardian y la ABC, esta controversia expone un serio dilema sobre la efectividad de las políticas climáticas de Australia, especialmente el mecanismo de salvaguardia, y la influencia de las exenciones fiscales al diésel, que cuestan al gobierno federal miles de millones de dólares anualmente y no incentivan la descarbonización en el crucial sector minero.
BHP: $622 millones en créditos diésel contra $9 millones en multas por emisiones
Las revelaciones pintan un cuadro preocupante: BHP, coloso minero con operaciones en más de 90 países, pospuso proyectos clave para reducir sus emisiones. Una investigación exclusiva detalló cómo desechó un proyecto global de reducción, retrasó vastos proyectos de energía renovable en Pilbara y planeó posponer la electrificación de sus flotas diésel hasta 2040. El año fiscal pasado, BHP pagó menos de 9 millones de dólares australianos por emisiones excedentes bajo el "mecanismo de salvaguardia". En contraste, recibió 622 millones de dólares en créditos fiscales por combustible diésel del gobierno federal, incluyendo 379 millones para sus minas en Australia Occidental (70% de las exportaciones mineras). Este desequilibrio, casi 70 veces, genera serias dudas sobre los incentivos de descarbonización.
¿Es el "Mecanismo de Salvaguardia" un fracaso frente a la crisis climática?
Expertos y analistas coinciden en que la ralentización de la descarbonización de BHP, que en 2023 aún dependía de combustibles fósiles para el 35% de su energía, expone profundas debilidades del "Mecanismo de Salvaguardia". Este sistema, diseñado para reducir emisiones de los 215 sitios más contaminantes de Australia (responsables del 28% de las emisiones nacionales), parece insuficiente. Exige que grandes instalaciones, con más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales, se mantengan bajo un umbral. Sin embargo, la brecha entre los 9 millones pagados por BHP y los 622 millones recibidos en exenciones diésel subraya un fallo estructural. La ministra King defendió a BHP, mientras la diputada Kate Chaney señaló la "debilidad de la política gubernamental", no un "fracaso empresarial", urgiendo a restringir reembolsos para grandes corporaciones, manteniendo beneficios para los 45.000 pequeños agricultores y empresas locales.
La creciente rebelión interna: El Laborismo exige un tope de $50 millones
Jerome Laxale, diputado laborista por Bennelong y voz destacada en temas ambientales, sugiere que el sector debe "hacerlo mejor". Confirmó que impulsará cambios en los créditos fiscales al diésel en la conferencia nacional del partido en julio. Más de 270 ramas locales del ALP ya han apoyado la campaña de la Red de Acción Ambiental Laborista (Lean) para limitar estos créditos a 50 millones de dólares por empresa, generando un considerable impulso.
¿Realmente el dinero del diésel frena la innovación verde?
La co-convocante de Lean, Louise Crawford, es contundente: "El crédito fiscal al diésel necesita reforma; debe empujar a mineras a la electrificación, no lo contrario". Limitar el reembolso a 50 millones de dólares por empresa liberaría fondos para inversión en electrificación y enviaría una "señal clara". Actualmente, el esquema ofrece reembolso completo de 52.6 céntimos por litro de diésel, una subvención significativa. Curiosamente, Fortescue de Andrew Forrest, otro gigante y principal beneficiario con más de 700 millones anuales, apoya esta reforma, frente a otros actores. Esta división resalta la complejidad de una política de más de 20 años que ha costado al Tesoro australiano más de 80.000 millones de dólares en la última década.
BHP: Un 36% menos de emisiones desde 2020, pero metas a largo plazo en riesgo
En respuesta, BHP defendió su compromiso, afirmando haber logrado "progreso significativo" en reducción de emisiones, recortándolas un 36% desde 2020 (frente al 25% promedio sectorial). Su objetivo: 30% para 2030 y cero neto para 2050. Subrayan ser de las mejores en descarbonización entre grandes cotizadas y haber transicionado el 70% de su energía a renovables, invirtiendo 2.5 mil millones de dólares en tecnología verde. Sin embargo, atribuyen el lento avance en descarbonización operativa a la "falta de disponibilidad de camiones eléctricos a batería a escala comercial". Aunque prueban la tecnología, indican que aún no está lista para una implementación masiva en sus operaciones que manejan millones de toneladas.
El ministro Bowen descarta la reforma inmediata, ¿cambiará la marea en julio?
A pesar del clamor, el ministro Chris Bowen minimizó una reforma inmediata del esquema de créditos. "Acabamos de tener un presupuesto... decidimos no hacer ese cambio", declaró. Esta postura recalca la línea del gobierno, pero la conferencia laborista de julio, con 270 delegados y la presión de Laxale, podría ser un punto de inflexión político clave para un país comprometido a reducir sus emisiones en un 43% para 2030.
¿Impactarán estas decisiones australianas en las mineras globales y en Huánuco?
La batalla en Australia entre gigantes mineros y la urgencia climática no es un eco lejano. Decisiones sobre exenciones fiscales y responsabilidad ambiental en naciones mineras poderosas establecen precedentes globales. ¿Presionará esta polémica a gobiernos y empresas, quizás con intereses en Huánuco, a reevaluar subsidios a combustibles fósiles, acelerando la transición verde? ¿O la inercia actual retrasará los cruciales objetivos de carbono para 2030 y 2050? El debate de julio definirá un rumbo vital.
Crédito de imagen: Fuente externa
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