Dos adultos mayores pusieron rostro humano a los conflictos por tierras en Huánuco. En Lauricocha, Sagmaringo Fidel Santos Robles denunció que enfrenta un desalojo programado para el 18 de junio, pese a que, según afirma, vive en el predio desde hace más de 43 años. En Pillco Marca, Ignacia Merino Pérez llegó en silla de ruedas al Poder Judicial para entregarse voluntariamente por una requisitoria, mientras insistía en su inocencia.
Santos Robles, de 80 años, sostuvo que adquirió el terreno en 1977 y que vive allí con su esposa. Aseguró haber presentado certificados de posesión comunal y documentos de vecinos que respaldarían su permanencia, pero el Juzgado Civil de Lauricocha reconoció mejor derecho de posesión a la otra parte.
El ciudadano afirmó que el proceso duró tres años y cuestionó documentos presentados por quienes reclaman el predio. También mencionó presuntas irregularidades, aunque no presentó en la entrevista una resolución que confirme esa acusación. Por seguridad legal, sus señalamientos deben ser tratados como denuncia y no como hecho probado.
El segundo caso ocurrió frente a la Corte Superior de Justicia, en Pillco Marca. Ignacia Merino Pérez llegó acompañada de familiares y sostuvo que se entregaba voluntariamente porque tenía una requisitoria. “Soy inocente”, repitió varias veces mientras mostraba documentos que, según ella, probarían su derecho sobre un terreno en Marabamba.
La mujer afirmó ser posesionaria titulada y mencionó un título otorgado por la Reforma Agraria en 1987. También aseguró que vive o ha vivido décadas en la zona, aunque en la transmisión se mencionaron plazos distintos —40, 50 y hasta 70 años—, dato que requiere verificación documental antes de ser presentado como definitivo.
Sus familiares señalaron que la denuncian por invasión, mientras ella acusó a terceros de intentar quedarse con el terreno. Esas acusaciones también deben mantenerse atribuidas, porque en el material no aparece la versión de los denunciantes ni la resolución judicial completa.
Ambos casos revelan una zona crítica: adultos mayores que dicen tener arraigo, documentos y décadas de posesión, frente a decisiones judiciales o procesos penales que pueden terminar en desalojo, detención o pérdida de vivienda.
Lo que falta es clave: revisar expedientes, resoluciones, títulos, constancias municipales y certificados comunales. Hasta entonces, la noticia más fuerte no es quién tiene la razón, sino cómo dos personas ancianas terminaron enfrentando a la justicia con el miedo de perder el lugar donde dicen haber vivido casi toda su vida.
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