El alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, anunció que este sábado retomará acciones de control vial en el centro histórico, en medio de una restricción operativa que, según afirmó, dejó a la Municipalidad sin capacidad directa para retirar vehículos mal estacionados. La autoridad sostuvo que las normas aprobadas por el Congreso también han generado un impacto superior a S/ 7 millones en las cuentas municipales.
Jara señaló que la comuna ya no puede usar grúas para liberar zonas rígidas y que esa función depende ahora de la Policía Nacional. Según el burgomaestre, esa limitación permitió el retorno del desorden en sectores como los jirones Leoncio Prado e Independencia, zonas que, de acuerdo con su versión, ya habían sido recuperadas por la gestión municipal.
La autoridad edil precisó que, cuando un vehículo se estaciona en la Plaza de Armas, los inspectores municipales solo pueden custodiar la unidad hasta que llegue un efectivo policial para imponer la sanción. Para Jara, el problema no es únicamente normativo, sino logístico: la Policía tiene la atribución, pero no cuenta con una grúa para ejecutar el retiro.
El costo de legislar sin presupuesto
El alcalde elevó el tono contra el Congreso y sostuvo que los alcaldes provinciales y distritales han sido perjudicados por normas que trasladan obligaciones económicas sin garantizar financiamiento. Jara calificó esas medidas como decisiones “populistas” aprobadas en perjuicio de las municipalidades con menos recursos.
Entre las cargas mencionadas figuran la transferencia del 0.75 % del presupuesto a cada centro poblado, en una provincia con 88 centros poblados, y el pago de S/ 100 a cada trabajador público desde el 1 de enero con recursos municipales. A ello sumó la obligación de otorgar beneficios adicionales a trabajadores CAS: un sueldo por Fiestas Patrias, otro por Navidad y la CTS.
Según Jara, estas obligaciones representan más de S/ 7 millones para la Municipalidad Provincial de Huánuco. El alcalde advirtió que la comuna debe cumplir esos mandatos bajo riesgo de denuncias o suspensiones, pese a que los recursos saldrían de cuentas corrientes e ingresos propios.
Ordenanzas con poco margen operativo
Jara reconoció que las ordenanzas municipales tienen rango normativo y deben cumplirse, pero remarcó que una norma sin capacidad de ejecución termina debilitando la autoridad local. En su lectura, declarar zonas rígidas o imponer medidas sin estudio técnico ni apoyo operativo solo agravaría el conflicto en las calles.
La disputa deja al reordenamiento vehicular de Huánuco en una zona crítica: la Municipalidad anuncia operativos, pero afirma que no puede remolcar; la Policía tendría la facultad, pero no la logística; y los ciudadanos siguen enfrentando congestión en el centro. El sábado será la primera prueba para medir si la autoridad local recupera control o si el caos vuelve a imponerse sobre las normas.
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