El testimonio de Jhonatan Águila Gutiérrez vuelve a poner bajo fuerte cuestionamiento la intervención militar ocurrida en Colcabamba, Huancavelica, donde cinco civiles murieron y dos personas resultaron heridas durante un operativo vinculado al Vraem.
Según su declaración ante la Fiscalía, los ocupantes de la camioneta no recibieron una advertencia previa ni tuvieron oportunidad de reaccionar. Águila, quien sobrevivió a una herida de bala en la cabeza, relató que los disparos comenzaron de manera repentina y que los militares continuaron atacando incluso cuando las víctimas ya no representaban ningún peligro. Su versión sostiene que logró salvarse al simular estar muerto.
El caso ha tomado mayor gravedad luego de que la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín concluyera que ocho efectivos del Ejército habrían utilizado fuerza letal de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada. Por ello, se les atribuye el presunto delito de homicidio calificado y se solicitó prisión preventiva en su contra.
Las necropsias también contradicen la versión inicial de un enfrentamiento. De acuerdo con información fiscal difundida por medios nacionales, una de las víctimas presentó hasta 51 impactos de proyectil, mientras que otros cuerpos registraron múltiples heridas de bala. Estos hallazgos fortalecen la hipótesis de un ataque directo y no de una respuesta defensiva.
La intervención ocurrió el 25 de abril en una zona asociada al Vraem, espacio históricamente marcado por el narcotráfico y la presencia de remanentes terroristas. Sin embargo, diversos testimonios señalan que las víctimas regresaban de una actividad deportiva y no portaban armas ni droga.
El caso Colcabamba se ha convertido en una prueba clave para el sistema de justicia. Más allá de la versión militar, el país exige una investigación transparente que determine responsabilidades y evite que la lucha contra el crimen termine justificando muertes de civiles inocentes.
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