El boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difundió este lunes 10 de agosto de 2026 una serie de dispositivos de interés público, entre los que destacan la directiva que establece el procedimiento de delegación de representación para la defensa jurídica del Estado y la compatibilización de los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas.
Defensa jurídica del Estado
La Procuraduría General del Estado (PGE) formalizó el acuerdo del Consejo Directivo que aprueba la “Directiva que establece el procedimiento de delegación de representación para la defensa jurídica del Estado”, mediante la Resolución N° D000496-2026-JUS/PGE-PG. Con esta norma, la PGE busca asegurar una defensa jurídica del Estado eficiente y adecuada en sede jurisdiccional y no jurisdiccional, tanto nacional como extranjera. La directiva fue publicada en la sede digital de la PGE (www.gob.pe/procuraduria).
Autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) compatibilizó los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas con el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de dicha institución, mediante la Resolución Jefatural N° 0194-2026-ANA. Esta norma, publicada en la Edición Extraordinaria de Normas Legales del domingo 9 de agosto, modifica el Reglamento para el otorgamiento de autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.
La norma establece que, en situaciones de emergencia por eventos climatológicos extremos, el titular de la autorización deberá implementar su plan de contingencia y, de ser necesario, acciones de control y respuesta adicionales. Las descargas extraordinarias deberán ser comunicadas dentro de las 24 horas de producido el evento extremo a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental y a la ANA, debiendo acreditar las condiciones de fuerza mayor o caso fortuito.
Además, los procedimientos administrativos en trámite a la entrada en vigencia de la resolución se adecuarán a sus disposiciones sin retrotraer etapas ni suspender plazos. La resolución modifica el literal i. del numeral 5.1 del artículo 5°, el literal b) del artículo 26° y el numeral 1 del artículo 27° del reglamento, deroga los literales d), f) e i) del numeral 20.1 del artículo 20° e incorpora la Sexta Disposición Complementaria Final.
Transferencias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por S/ 99 739 234,00, a favor del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Del total, al JNE le corresponden S/ 15 632 600,00 para la supervisión y monitoreo de las acciones de las ERM, mientras que a la ONPE le corresponden S/ 84 106 634,00 para actividades como procesos electorales y consultas planificados (S/ 73 740 213,00), personas capacitadas en el proceso electoral (S/ 2 711 680,00), población informada (S/ 50 000,00) y resultados electorales procesados (S/ 7 604 741,00).
Asimismo, se autorizó una transferencia de S/ 443 597 223,00 a favor del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior para financiar las transferencias financieras a la Caja de Pensiones Militar Policial. Al Ministerio de Defensa le corresponden S/ 166 059 844,00 y al Ministerio del Interior, S/ 277 537 379,00.
Reorganización de la Autoridad Nacional del Agua
Mediante Decreto Supremo se dispuso la ejecución inmediata del proceso de reorganización de la ANA, estableciendo ejes obligatorios y medidas prioritarias para su transformación institucional. Entre las medidas inmediatas destacan un inventario único y depurado de expedientes, criterios de priorización por antigüedad, riesgo e impacto, trazabilidad digital de los expedientes, estándares y plazos internos de atención, mecanismos de alerta para expedientes críticos, controles reforzados en materia de integridad, un tablero público de resultados y medidas para facilitar la atención oportuna de expedientes vinculados con inversiones.
Designaciones y otras disposiciones
En el sector Trabajo, se dio por concluida la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo de EsSalud, encargándose las funciones a Hilda Sandoval Cornejo en adición a sus funciones como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud. En la PCM, se designó a Edgar Fortunato Ortega Torres como secretario de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, y se aceptaron renuncias y se designaron funcionarios en la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin).
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables designó a Segundo Félix Villegas Reaño como director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). En el Conadis, se proclamó a los nuevos miembros de la Comisión Consultiva por tres años, entre ellos a Johanna Marily Contreras Quispe (discapacidad visual), Daniel Rivera Talavera (discapacidad mental), Marilú Luzmila Arroyo Casamayor (discapacidad intelectual), Hugo Ronald Peña Huilca (discapacidad auditiva) y Carla Alejandra Velásquez Figueroa (discapacidad física).
La SBS designó a Ilich Mayorga Miranda como representante principal del Superintendente en el proceso de liquidación de la Derrama del Poder Judicial en Liquidación, dejando sin efecto la designación de José Carlos Antonio Torres Chávez. Las normas completas están disponibles en la sede digital de El Peruano.
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