El Diario Oficial El Peruano publicó este lunes 10 de agosto las principales normas legales de interés público, entre ellas la directiva de la Procuraduría General del Estado (PGE) que establece el procedimiento de delegación de representación para la defensa jurídica del Estado y la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que compatibiliza los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas.
Defensa jurídica del Estado
Mediante la Resolución N° D000496-2026-JUS/PGE-PG, la PGE formalizó el acuerdo del Consejo Directivo que aprueba la directiva que establece el procedimiento de delegación de representación para la defensa jurídica del Estado. La medida busca asegurar una defensa jurídica del Estado eficiente y adecuada en sede jurisdiccional y no jurisdiccional, tanto nacional como extranjera. El documento normativo fue publicado en la sede digital de la PGE (www.gob.pe/procuraduria).
Procedimientos de vertimiento y reúso de aguas residuales
La ANA, mediante la Resolución Jefatural N° 0194-2026-ANA, modificó el Reglamento para el otorgamiento de autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas, con el fin de compatibilizar los procedimientos con el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y demás medidas para promover mayor celeridad en los trámites.
La norma establece que, en situaciones de emergencia por eventos climatológicos extremos, el titular de la autorización deberá implementar el plan de contingencia de su instrumento de gestión ambiental y, de ser necesario, las acciones de control y respuesta adicionales. Las descargas extraordinarias deberán comunicarse dentro de las 24 horas de producido el evento extremo a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental y a la ANA, acreditando condiciones de fuerza mayor o caso fortuito.
Además, se precisa que los procedimientos administrativos en trámite a la entrada en vigencia de la resolución se adecuarán a sus disposiciones sin retrotraer etapas ni suspender plazos. La resolución modifica el literal i. del numeral 5.1 del artículo 5°, el literal b) del artículo 26° y el numeral 1 del artículo 27° del reglamento, y deroga los literales d), f) e i) del numeral 20.1 del artículo 20° e incorpora la Sexta Disposición Complementaria Final.
Nueva Comisión Consultiva en el Conadis
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables oficializó la proclamación de los nuevos miembros de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) mediante la Resolución D000144-2026-CONADIS-PRE. Por un periodo de tres años, los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad son: Johanna Marily Contreras Quispe (discapacidad visual), Daniel Rivera Talavera (discapacidad mental), Marilú Luzmila Arroyo Casamayor (discapacidad intelectual), Hugo Ronald Peña Huilca (discapacidad auditiva) y Carla Alejandra Velásquez Figueroa (discapacidad física).
Designaciones y liquidación en la SBS
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) designó a Ilich Mayorga Miranda como representante principal del superintendente en el proceso de liquidación de la Derrama del Poder Judicial en Liquidación, mediante la Resolución SBS 01976-2026. A la vez, se dejó sin efecto la designación de José Carlos Antonio Torres Chávez en dicha representación.
Transferencias para elecciones y pensiones
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por S/ 99 739 234,00, a favor del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF. Del total, S/ 15 632 600,00 corresponden al JNE para la supervisión y monitoreo de las acciones de las ERM, y S/ 84 106 634,00 a la ONPE, distribuidos en procesos electorales y consultas planificadas (S/ 73 740 213,00), personas capacitadas (S/ 2 711 680,00), población informada (S/ 50 000,00) y resultados electorales procesados (S/ 7 604 741,00).
Asimismo, se autorizó otra transferencia por S/ 443 597 223,00 a favor del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial. Al Ministerio de Defensa le corresponde S/ 166 059 844,00 y al Ministerio del Interior S/ 277 537 379,00.
Reorganización de la ANA
Mediante Decreto Supremo se autorizó disponer la ejecución inmediata del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua, establecer los ejes obligatorios y las medidas prioritarias para su transformación institucional, así como disposiciones para la aprobación del Plan de Implementación de la Reorganización y la formulación de su nuevo modelo organizacional.
Entre las medidas inmediatas dispuestas destacan: un inventario único y depurado de expedientes y procedimientos; criterios de priorización por antigüedad, riesgo e impacto; trazabilidad digital de los expedientes; estándares y plazos internos de atención; mecanismos de alerta para expedientes críticos; controles reforzados en materia de integridad; un tablero público de resultados; medidas para facilitar la atención oportuna de expedientes vinculados con inversiones; y un plan de fortalecimiento de capacidades de los órganos desconcentrados.
Otras normas del boletín
La Presidencia del Consejo de Ministros aceptó renuncias y designó funcionarios en puestos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin), y nombró a Edgar Fortunato Ortega Torres como secretario de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM. La resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables designó a Segundo Félix Villegas Reaño como director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), con la firma de la ministra María Seminario.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dio por concluida, por pérdida de la confianza, la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo de EsSalud, y encargó las funciones a Hilda Sandoval Cornejo en adición a sus funciones como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.
Finalmente, el Poder Judicial declaró duelo judicial laborable en Lima el 8 de agosto por el fallecimiento del juez supremo titular cesante Oscar Víctor Alfaro Álvarez, expresidente del Poder Judicial, izándose a media asta el Pabellón Nacional.
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