El presidente del Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) afirmó que su gestión estará orientada a fortalecer el carácter técnico e independiente del organismo, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y predictibilidad tanto a trabajadores como a empleadores. Durante la primera reunión de trabajo con los demás miembros del colegiado, se reafirmó el compromiso de proteger los derechos sociolaborales y respetar el debido procedimiento y las garantías de los administrados.
Según informó la institución, los principales ejes de gestión incluyen preservar la autonomía e independencia del Tribunal, asegurando que sus decisiones respondan exclusivamente al análisis jurídico de cada caso. También se busca fortalecer los mecanismos de diálogo institucional para compartir experiencias con las instancias del sistema inspectivo y contribuir a una mayor uniformidad en la aplicación de criterios jurisprudenciales.
Nexo causal y debido procedimiento
El TFL ha destacado la necesidad de acreditar el nexo causal en materia de accidentes de trabajo y evitar respuestas automáticas que no valoren suficientemente las circunstancias del caso concreto. Al respecto, el presidente del Tribunal señaló que la actuación inspectiva y la potestad sancionadora cumplen un fin esencial de tutelar los derechos laborales, pero deben desarrollarse con estricto respeto de las garantías del procedimiento.
“Cuando el Tribunal exige una adecuada acreditación del nexo causal o rechaza decisiones sustentadas en automatismos, no está debilitando el deber de prevención del empleador ni reduciendo los niveles de protección de los trabajadores. Lo que hace es reafirmar que toda sanción administrativa debe descansar sobre una fundamentación sólida, objetiva y jurídicamente suficiente”, indicó la autoridad.
Alcance del recurso de revisión
Consultado sobre si el actual alcance del recurso de revisión, limitado a infracciones muy graves, sigue siendo suficiente, el presidente del TFL explicó que este diseño responde a un criterio de especialidad y gravedad. “El Tribunal interviene respecto de aquellas infracciones que el ordenamiento considera de mayor intensidad, es decir, infracciones muy graves en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”, sostuvo.
Agregó que el sistema de multas laborales ya contiene una lógica de graduación que reserva un reproche más intenso para las conductas de mayor afectación. No obstante, precisó que cualquier eventual ampliación de competencias tendría que considerar la capacidad operativa del Tribunal y el impacto en la duración de los procedimientos.
Tecnología y garantías del procedimiento
En relación con el uso de herramientas digitales y sistemas automatizados en las fiscalizaciones, el presidente del TFL señaló que la digitalización es un proceso irreversible, pero su empleo debe estar sujeto a supervisión, explicación, trazabilidad y responsabilidad humana. “En un procedimiento administrativo sancionador la tecnología puede asistir, ordenar información o advertir patrones, pero no debe sustituir el juicio jurídico que corresponde a la autoridad competente”, afirmó.
El Tribunal advirtió que ninguna decisión que afecte derechos o imponga sanciones debería reposar en una lógica automática, opaca, insuficientemente motivada o que no pueda revisarse e impugnarse. En el caso específico de la función resolutiva, el empleo de inteligencia artificial exige mayores cautelas, manteniendo la responsabilidad de decidir, motivar y responder por la decisión en manos humanas e institucionales.
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