La provincia de Pataz, ubicada en la sierra de La Libertad, a unas 12 horas por carretera desde Trujillo, se ha convertido en el principal foco de violencia vinculada a la minería ilegal en el Perú y en uno de los mayores retos para la seguridad nacional. En los últimos tres años, alrededor de 100 personas han muerto en hechos criminales, entre ellas 13 trabajadores mineros asesinados en mayo de 2025.
Tras ese crimen, el gobierno amplió el estado de emergencia y creó el Comando Unificado Pataz para recuperar el control de la provincia. Sin embargo, a más de un año de su implementación, los resultados son limitados. "El Ejército está; él tiene el control en la provincia de Pataz. Podríamos decir que no ha avanzado mucho. De hecho, que hay resultados, sí, resultados mínimos, ¿no? Pero no hay los resultados esperados, como dice el control total de la seguridad en la provincia, ¿no?", señaló el consejero regional Luis Rodríguez, representante de dicha provincia.
El origen de la violencia y la disputa por el oro
Según información policial, la violencia en esta zona del país empezó cuando las organizaciones criminales que operan en Trujillo y otras ciudades de la costa llegaron a Pataz para brindar seguridad a pequeños mineros. Sin embargo, se apoderaron de socavones y trataron de entrar en el millonario negocio minero. A partir de 2020, la violencia se desbordó.
Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior provisional y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, explicó que los enfrentamientos son motivados por el dominio territorial en donde se explota oro. "Donde existe la mayor cantidad de concentración de mineral, por eso es que hay concesiones formales, pero también hay mucha minería informal y en Pataz se está evidenciando el nivel de violencia que hay a partir de disputas por territorios que tienen riqueza importante en oro", precisó.
Impacto del Comando Unificado y la magnitud del problema
Datos del Ministerio de Defensa señalan que, durante el primer año de operaciones del Comando Unificado que combate la criminalidad en Pataz, se realizaron más de 2 500 patrullajes y 67 operaciones militares, lo cual impactó a las economías ilegales por un valor superior a los 249 millones de soles.
De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, la provincia de Pataz concentra 3 mil 238 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el padrón donde se inscriben los mineros que buscan formalizar su actividad. Entre registros vigentes y suspendidos, esa cifra representa el 49 % del total de La Libertad, región que, además, ocupa el tercer lugar a nivel nacional.
En 2025, Pataz lideró el ranking nacional de criminalidad con 92 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, casi 10 veces el promedio nacional (9.3), de acuerdo a estadísticas del Instituto Peruano de Economía.
Los retos para el nuevo gobierno: control de insumos y sinceramiento del REINFO
César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, indicó que el próximo gobierno deberá reforzar el control sobre los insumos utilizados por la minería ilegal y sincerar el REINFO. "Por ejemplo, el tema del control de insumos y, cuando hablo de los insumos, hablo de maquinaria, de explosivos, de insumos químicos que son fiscalizados por la autoridad y que obviamente llegan a estas zonas de manera distante, obviamente por descontrol o por corrupción concretamente, ¿no? Por otro lado, creo que también no hemos sincerado adecuadamente el Registro Integral de Formalización Minera, el Reinfo", precisó.
Para el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila, se necesita reforzar el trabajo con personal especializado y mejor control en el tráfico de armamentos y municiones que son vendidas en el mercado negro. "Tener personal especializado y capacitado en la zona. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que ir las unidades especializadas que ven todo lo que es en cuanto a la minería ilegal, la contaminación y, sobre todo, lo más importante, unidades especializadas para ver cuál es el ingreso a la zona de Pataz de armamento, munición y explosivos", apuntó.
Pataz es una de las provincias del Perú que más tiempo ha permanecido bajo estado de emergencia por razones de seguridad. Desde febrero del 2024 a la fecha suman 30 meses consecutivos bajo estado de emergencia. El principal desafío para el nuevo gobierno será consolidar una política de Estado que combine seguridad, inteligencia, control financiero, reforma de la formalización minera y desarrollo sostenible, con el objetivo de recuperar el control de un territorio donde el crimen organizado ha logrado consolidar una fuerte presencia durante los últimos años.
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