El Ministerio del Interior (Mininter) mantiene las operaciones de erradicación de cultivos ilegales de coca mediante el Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (Precip), que se planteó intervenir 16,250 hectáreas en su segunda fase operativa de 2026. El anuncio lo formuló el titular del sector, César Astudillo, desde la región Ucayali, donde ratificó que las acciones continuarán hasta cumplir las metas trazadas.
Al 21 de octubre, el programa reportó 1,624.40 hectáreas erradicadas desde el inicio de esta fase, el 30 de setiembre. Las intervenciones se ejecutan en tres ejes operacionales: Tingo María, en Huánuco; Aguaytía Norte, en Ucayali; y Santa Lucía Norte, en San Martín. A esas cifras se suman las 3,007.60 hectáreas que el Proyecto Especial CORAH eliminó en la primera fase del año, con lo que el acumulado anual llega a 4,632 hectáreas.
El eje de Tingo María, entre los frentes de intervención
El eje de Tingo María, en territorio huanuqueño, integra el grupo de zonas donde el Precip concentra sus operaciones durante esta segunda fase. El programa no detalló cuántas hectáreas corresponden a cada eje ni el número de parcelas intervenidas en Huánuco.
Astudillo sostuvo que la erradicación busca debilitar la base productiva del narcotráfico y advirtió sobre su vínculo con otras economías ilegales. “Aquel que cree que el narcotráfico no genera violencia, está bien equivocado”, afirmó el ministro, quien señaló que las organizaciones delictivas pueden diversificar sus actividades hacia la minería ilegal y la trata de personas. Frente a ese escenario, subrayó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado para evitar que las economías ilícitas sigan expandiéndose.
El titular del Interior también se refirió a las condiciones en que trabaja el personal desplegado en zonas de difícil acceso, donde las condiciones geográficas y meteorológicas representan un desafío permanente. “Esas condiciones meteorológicas, esos días de faena, esos días de trabajo no van a detener este proyecto, este plan, este programa”, manifestó, en reconocimiento al esfuerzo de los efectivos en el campo.
Articulación institucional y cooperación con Estados Unidos
Según el Mininter, las operaciones se ejecutan con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y Devida, además de unidades que brindan seguridad a las labores de campo, como la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) y la Aviación Policial. Astudillo destacó esa coordinación como condición para sostener las intervenciones y avanzar hacia la meta.
El sector también resaltó la cooperación con Estados Unidos a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y señaló que la llegada de maquinaria y aeronaves contribuye al desarrollo de las operaciones del Precip. El ministro consideró importante mantener esa relación de colaboración.
En el anuncio acompañaron al ministro el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil; el comandante general de la PNP, general Fredy López Mendoza; el presidente ejecutivo de Devida, Carlos Ramos Otiniano; el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, Robert McInturff; y el director de la Dirandro, general PNP Manuel Vidarte Pérrigo, junto con otros altos mandos policiales y funcionarios del sector.
Plantean revisar la interdicción aérea en el Vraem
Astudillo planteó revisar el marco que regula la interdicción aérea en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), al considerar insuficientes los mecanismos actuales frente al traslado de cargamentos de cocaína en avionetas. Sostuvo que se requieren alternativas eficaces para combatir esa modalidad, con respeto al marco legal. Asimismo, exhortó a los responsables del programa y al personal desplegado a mantener el esfuerzo operativo y cumplir las metas previstas.
Del CORAH al Precip: el cambio de estructura
El Precip fue creado mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano, y depende directamente del Mininter. La norma dispuso su implementación en reemplazo progresivo del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), creado en 1982 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y que operó durante más de cuatro décadas como principal herramienta estatal de erradicación, inicialmente en el Alto Huallaga y luego en todo el territorio nacional.
De acuerdo con lo difundido al anunciarse la medida, el cierre del CORAH deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días calendario, en paralelo a la implementación del nuevo programa. Para ello, el Mininter conformará una comisión encargada de transferir bienes, documentos, activos y pasivos hacia el Precip, con el fin de garantizar la continuidad operativa de las acciones de erradicación.
El nuevo programa tiene como objetivo reducir y erradicar los cultivos ilegales en las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención, en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. A diferencia de su antecesor, incorpora un enfoque que incluye variables ambientales, sociales, culturales y económicas en los territorios intervenidos, además de campañas de sensibilización en comunidades y la articulación con entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional.
Antecedentes de las intervenciones en Ucayali y Huánuco
Las operaciones de erradicación en Ucayali y Huánuco registran antecedentes bajo la estructura anterior. En marzo de 2024, el Mininter informó que el CORAH destruyó 1,086.92 hectáreas de plantaciones de hoja de coca en ambas regiones, en 437 parcelas distribuidas en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, y en la jurisdicción de Masisea, provincia de Coronel Portillo, que abarcan los ejes operacionales de Constitución y Tamaya. En esa ocasión, según el comunicado del sector, las fuerzas del orden también descubrieron y destruyeron cuatro laboratorios clandestinos de clorhidrato de cocaína, lo que impidió la producción estimada de 10.5 toneladas métricas de esa sustancia.
El Mininter detalló entonces que, solo en 2023, se eliminaron más de 22,500 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca, con 11,025 parcelas destruidas y 171 metros cuadrados de almácigos, en zonas prioritarias como Santa Lucía, Putumayo, Mazamari, Callería, Aguaytía, Caballococha y Constitución. Esas áreas incluyeron zonas de amortiguamiento, comunidades nativas, concesiones forestales y bosques de producción permanente.
“Seguiremos erradicando, continuaremos erradicando, fortaleceremos más el plan”, afirmó el ministro al cerrar su intervención. Con el cronograma en marcha, la segunda fase del Precip deberá cubrir las 16,250 hectáreas previstas, de las cuales al 21 de octubre se habían intervenido 1,624.40.
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