El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los recursos necesarios para financiar el túnel Pariachi, primer tramo de la nueva Carretera Central, según informó el titular del sector, José Angello Tangherlini.
“La nueva Carretera Central es una prioridad del Gobierno de Keiko Fujimori y es uno de los principales encargos que como ministro de Transportes y Comunicaciones tengo que desarrollar”, declaró el ministro.
Tangherlini precisó que su equipo y él se reunieron hace una semana con el equipo técnico del PMO Vías para evaluar las alternativas que permitan concretar el proyecto. “Nosotros estamos trabajando de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de brindar este presupuesto que se necesita para poder iniciar esta importante carretera”, agregó.
El túnel Pariachi como primer hito
El ministro señaló que el túnel Pariachi es el punto de partida de la infraestructura y el foco actual de la gestión. “En ese primer punto de la infraestructura es donde nos estamos concentrando en este momento, poder financiar el túnel Pariachi y dar inicio al proyecto”, destacó.
Respecto a los plazos, indicó que la intención del Gobierno es que esta primera etapa comience en 2027. “¿Cuándo culminaría? Depende de cómo lo estructuremos. Lo que estamos trabajando... en la reunión que hemos tenido con el PMO, vamos a trabajar en fases y en etapas. Una primera fase es lo del túnel Pariachi, y luego empezaríamos con las siguientes etapas del proyecto”, explicó.
La nueva Carretera Central se ejecuta bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia, a través del PMO Vías. Al tratarse de una obra pública, su avance depende de las transferencias que asigne el Estado, lo que mantiene en suspenso el inicio del túnel Pariachi.
Antecedentes: cuestionamientos al contrato con el PMO Vías
En semanas previas, Provías Nacional resolvió de manera “unilateral y sorpresiva” —según informó PMO Vías mediante un comunicado— el contrato de asistencia técnica con esa oficina, conformada por las empresas francesas Egis y Setec. Horas después, la entidad estatal precisó que lo resuelto fue únicamente el contrato con la asesora técnica, mas no la modalidad G2G bajo la cual se ejecutarán las obras.
Como sustento de su decisión, Provías Nacional explicó que “se ha verificado que la sociedad Egis Avia, integrante del grupo económico EGIS, reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero, en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP)”.
La anulación del contrato con PMO Vías —oficina que cumplía un rol clave en la gestión, planificación y acompañamiento técnico de la nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa— abrió interrogantes sobre el futuro de estos proyectos.
En ese contexto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, descartó tanto la cancelación del convenio G2G con Francia como un retraso en las obras a cargo de Provías Nacional. No obstante, reconoció que esta modalidad implica una elevada presión fiscal, como en el caso de la nueva Carretera Central, valorizada en más de S/24.000 millones, lo que hace poco conveniente su ejecución íntegra bajo este esquema.
“Este tipo de obras no puede hacerse únicamente con presupuesto público, porque asignar todos esos recursos a un solo proyecto nos quita espacio fiscal para financiar colegios, hospitales y muchas otras necesidades en todo el país. Dejar toda la obra bajo el esquema G2G, es decir, completamente financiada con obra pública, es condenar el proyecto al fracaso”, señaló Miralles.
La ministra adelantó que durante la primera semana de marzo se presentará una propuesta integral que podría incorporar financiamiento privado. “Se puede plantear un esquema mixto y, dentro del G2G, por ejemplo, solicitar al gobierno francés que, además del constructor y el asesor técnico, incluya financiamiento inicial, similar a una APP”, explicó.
Asimismo, indicó que Provías Nacional entregará una proyección de recursos orientada a optimizar los costos del túnel Pariachi, la primera obra con la que se dará inicio a la construcción de la nueva Carretera Central. Según afirmó, existe garantía de que este componente se ejecutará durante el presente año.
Denuncia por presunta manipulación en la licitación del túnel Pariachi
De acuerdo con documentos revisados por Diario Uno, el MTC enfrenta una denuncia anónima por presunta manipulación de puntajes en la licitación del túnel Pariachi. Según el medio, la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional sostuvo, con al menos tres oficios formales, su decisión de continuar el proceso con el consorcio que ofreció el mejor precio: el Consorcio Túnel del Valle, cuya propuesta fue más de S/100 millones más barata.
El proyecto nace de un acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia, mediante el cual se creó PMO Vías —integrado en parte por el Grupo EGIS— como operador encargado de conducir el proceso de licitación internacional para construir el túnel TUN1. Según el cuadro “Lista Corta Definitiva” al que accedió ese diario, el comité evaluador de PMO Vías dejó fuera en una primera instancia al consorcio formado por Acciona Construcción S.A. Sucursal Perú y JJC Contratistas Generales S.A. —que había quedado en sétimo lugar—, pero este terminó reapareciendo en quinto puesto en una tercera versión de la lista corta remitida al MTC.
De las cinco empresas preseleccionadas, tres llegaron a presentar ofertas económicas evaluadas conjuntamente. El Consorcio Sumaq Ñan (Acciona-JJC) terminó con el puntaje técnico-económico más alto, 91.27, contra 88.85 del Consorcio Túnel del Valle —una diferencia de solo 2.42 puntos—, pese a que una denuncia anónima recibida el 24 de junio de 2026 por el propio MTC, Provías y PMO Vías alegó que el puntaje técnico de Sumaq Ñan había sido inflado en 4 puntos para favorecerlo.
Con esa denuncia sin resolver, quien entonces era directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, emitió el Oficio N° 5022026-MTC/20 (15 de julio de 2026) señalando que, ante el déficit presupuestario de Provías —proyectado en S/1,418,747,865 para 2026— y la desproporción de las ofertas económicas frente a las estimaciones iniciales, correspondía continuar la etapa de Puesta a Punto con el Consorcio Túnel del Valle. PMO Vías, encargado de gestionar la procura bajo la cláusula 5.1.3.3 del contrato de Estado a Estado, respondió con una “auditoría independiente” encargada al propio Grupo EGIS —empresa que integra el mismo consorcio evaluador cuestionado—, concluyendo que no había irregularidades.
Provías rechazó esa revisión el 12 de agosto (Oficio 551-2026MTC/20), señalando que no acreditaba independencia orgánica ni funcional, y el 19 de agosto, ya bajo el nuevo ministro Rafael Rey —en el cargo desde el 29 de julio de 2026—, Dávila solicitó formalmente una acción de control externo ante la Gerencia de Control de Megaproyectos, calificando la situación de “riesgo de afectación de los intereses del Estado”.
Según los medios que cubrieron el tema, se buscó pronunciamiento del MEF y del MTC sobre estos hechos, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
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