La minería ilegal de oro deja una factura ambiental que persiste durante años. Con esa premisa, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) lanzó la campaña “La Factura de la Minería Ilegal”, que busca llevar a la agenda pública evidencia sobre los costos ambientales, sociales, económicos y de seguridad de esta actividad. Como primer hallazgo, el OMI advierte sobre una dimensión poco visible: el mercurio que se libera al aire en zonas vinculadas a la minería de oro.
El 93% del mercurio en el aire proviene de tiendas de oro
Los análisis sintetizados por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en Madre de Dios, a partir de un estudio realizado en colaboración con la Universidad de Toronto, estimaron que, en los centros poblados mineros donde existen tiendas de compra y venta de oro, estos establecimientos aportan aproximadamente el 93 % del mercurio presente en el aire. Esto se debe a la quema final del oro antes de la venta, un proceso conocido como refogado, que se realiza para eliminar los residuos de mercurio.
Laberinto y Mazuko: los puntos más críticos
El centro poblado Laberinto registró los valores más altos de mercurio cerca de las tiendas de oro, alcanzando los 5000 ng/m3, una cifra que supera ampliamente el valor de referencia para el hemisferio sur de 1 ng/m3. En Mazuko, las concentraciones llegaron hasta 270 ng/m3. Cuando el refogado se realiza sin sistemas adecuados de captura de vapores, el mercurio se libera directamente al aire, afectando a la población local.
Las mediciones evidencian que las emisiones no se limitan a las zonas de extracción, sino que también se producen en centros poblados donde el oro es refinado y comercializado.
El mercurio viaja más allá de las minas
En los bosques cercanos a zonas de minería ilegal, hasta el 75 % del mercurio en el aire proviene de esta actividad. De ese porcentaje, la vegetación puede capturar hasta un 30 %, lo que demuestra que el metal tóxico se desplaza y afecta ecosistemas fuera de las áreas de extracción.
El mercurio es el primer eje de la campaña, pero no es el único costo. La transformación del territorio, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la afectación de los medios de vida y los costos de recuperación forman parte de una factura que continúa acumulándose, según el OMI.
Una campaña en contexto de cambio de gobierno
La iniciativa del OMI busca que la evidencia científica contribuya a orientar las decisiones de las nuevas autoridades frente a los impactos de la minería ilegal. Los hallazgos podrían servir para diseñar y fortalecer planes, programas y medidas que identifiquen las principales fuentes de emisión de mercurio, reduzcan su liberación y fortalezcan su monitoreo en el aire.
La campaña también subraya que enfrentar la minería ilegal requiere intervenir no solo en los puntos de extracción, sino también en las cadenas y estructuras que permiten que esta actividad continúe operando.
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