El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que el Ejecutivo prepara acciones contra la extorsión y el sicariato que afectan al transporte público. El plan comprende modificaciones legales, mayor vigilancia alrededor de los establecimientos penitenciarios y la reorganización del sistema de inteligencia estatal.
Según declaró a la prensa, parte de las propuestas será incorporada al pedido de facultades legislativas que el Gobierno presentará ante el Congreso. El objetivo, sostuvo, es fortalecer la capacidad del Estado para responder a las organizaciones criminales y proteger a conductores, trabajadores y pasajeros.
Belaúnde explicó que las Fuerzas Armadas reforzarán el control perimetral de los penales para impedir el ingreso de teléfonos celulares y otros equipos empleados en llamadas extorsivas. La intervención incluirá una vigilancia más estricta durante el acceso de trabajadores penitenciarios y familiares de internos.
El ministro reconoció la indignación acumulada entre los transportistas por años de amenazas, cobro de cupos y asesinatos atribuidos a redes criminales. Aseguró que el Gobierno adoptará decisiones frente a una situación de peligro que, remarcó, no es reciente.
El titular de Defensa indicó que el Consejo de Inteligencia Nacional reunió a organismos estatales y a representantes de los ministerios del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, además de la Fiscalía. Este espacio busca mejorar la producción y el intercambio de información sobre bandas dedicadas a la extorsión.
La reorganización de la comunidad de inteligencia, afirmó Belaúnde, apunta a desarticular la extorsión, considerada por el Ejecutivo como una fuente que alimenta los ataques por encargo contra el sector transporte.
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