Cerca de 3.000 víctimas del periodo de violencia aún estarían pendientes de ubicación, identificación o restitución en las regiones de Pasco y Huánuco, según información proporcionada por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo. Este dato fue revelado durante una ceremonia de restitución de restos óseos y elementos asociados, en la que familiares recibieron una respuesta esperada durante años.
La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos de Pasco y Huánuco, que informó sobre la restitución vinculada a dos víctimas del periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000. Según la intervención fiscal, uno de los casos corresponde a Bartolomé González Herrera. En el segundo caso, la transcripción menciona primero el nombre de Gregorio Alba y luego el de Liborio Alba Rojas, por lo que este dato requiere confirmación documental antes de una publicación definitiva.
El representante fiscal explicó que una de las entregas tuvo un carácter representativo o simbólico, ya que no se hallaron restos humanos ni elementos asociados. Este caso fue ubicado en el sector La Roca, perteneciente al distrito de Pueblo Nuevo, en José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Según la Fiscalía, los familiares esperaron años para contar al menos con un espacio de memoria donde recordar a su padre.
Una búsqueda que no termina
El Ministerio Público remarcó que la ceremonia no cierra la labor de búsqueda. El doctor Elmer, quien intervino durante la entrevista, indicó que la Fiscalía continuará con las acciones para ubicar los restos de Liborio Alba Rojas, así como de otras personas desaparecidas. La restitución representativa, en ese contexto, aparece como un acto humanitario frente a la imposibilidad de entregar restos plenamente recuperados.
La Fiscalía destacó que este trabajo no depende solo del Ministerio Público. Durante la declaración se mencionó también la labor de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidad que participa en los procesos orientados a ubicar, identificar y restituir restos de víctimas. El representante fiscal sostuvo que la entrega realizada culmina una etapa importante de trabajo, pero no agota la deuda pendiente con las familias.
La cifra de 3.000 víctimas pendientes fue presentada como un aproximado correspondiente a “toda la región”, en respuesta a una pregunta periodística. Ese número revela la dimensión del problema humanitario: cuatro décadas después del inicio del periodo de violencia, miles de familias siguen sin conocer el paradero definitivo de sus seres queridos o sin recibir una restitución que les permita cerrar parte del duelo.
Justicia, memoria y límites de la Fiscalía
Durante la entrevista, se consultó a los representantes fiscales sobre una ley promovida desde el Congreso que fue descrita por el periodista como una medida de impunidad a favor de militares y policías. El fiscal evitó una valoración política y sostuvo que, al margen de cualquier ley, la Fiscalía de Derechos Humanos debe cumplir directivas, normas y parámetros de investigación. También precisó que corresponde al Poder Judicial definir situaciones vinculadas a responsabilidad penal.
Esa respuesta marca el límite institucional de la Fiscalía en este tipo de casos. Su labor, según explicó el representante del Ministerio Público, se concentra en la investigación, recuperación de restos óseos, elementos asociados y diligencias humanitarias. Otros debates sobre responsabilidades, procesos judiciales o decisiones legislativas quedan fuera de la función directa expuesta por la Fiscalía durante la ceremonia.
El periodista también preguntó por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia política. El representante fiscal mantuvo la misma línea: señaló que la Fiscalía de Derechos Humanos continúa su labor investigativa y de recuperación de restos, sin pronunciarse sobre valoraciones generales del contexto político actual. Esa prudencia institucional obliga a presentar los casos como parte de una investigación humanitaria en curso, no como sentencia sobre responsables específicos.
La ceremonia dejó una imagen doble. Por un lado, familias que recibieron una restitución esperada durante años. Por otro, una cifra que impide cerrar el capítulo: cerca de 3.000 víctimas seguirían pendientes en Pasco y Huánuco. Mientras no se confirme el paradero de esas personas y no se entreguen respuestas a sus familiares, la búsqueda seguirá siendo una deuda abierta entre memoria, justicia y reparación.
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