El Congreso enfrenta una amenaza de embargo de sus cuentas institucionales por un conflicto contractual con Río Pacífico SAC, empresa vinculada a la compra e instalación de antenas satelitales que nunca llegaron a usarse. El Parlamento destinó cerca de S/1.9 millones a equipos para ampliar la cobertura de Canal Congreso.
El problema se originó por un error de cálculo en la resistencia de la azotea del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Las estructuras no pudieron instalarse y los equipos quedaron inoperativos, pese a que el Estado debe asumir el costo de la adquisición.
Río Pacífico SAC sostiene que existe una deuda pendiente que incluye indemnización y gastos acumulados durante el conflicto contractual. La defensa legal de la empresa evalúa ejecutar el cobro mediante embargo de cuentas del Congreso.
El legislador Carlos Zeballos pidió a la Oficialía Mayor presentar un informe detallado y advirtió que el caso representa un perjuicio al Estado. Susel Paredes cuestionó a la Mesa Directiva y sostuvo que debe explicar por qué se adquirieron equipos que no pudieron utilizarse.
El episodio abre un nuevo flanco de desgaste institucional para el Parlamento. La pregunta inmediata es quién autorizó la compra, qué controles técnicos fallaron y si el Congreso asumirá responsabilidades administrativas antes de que el conflicto derive en un costo mayor para el erario.
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