El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, planteó fortalecer los mecanismos que vinculan las capacidades de los peruanos residentes en el exterior con las necesidades productivas del país. La propuesta la presentó durante el foro Desafíos PEX 2026, organizado con ocasión del Día de los Peruanos que Residen en el Exterior.
Según lo expuesto en el encuentro, el objetivo es ampliar el alcance de la política dirigida a los connacionales e incorporar su talento a las prioridades nacionales. El Perú ya cuenta con instrumentos para proteger los derechos de esta población, brindar orientación laboral y facilitar la coordinación previsional y el acceso a beneficios para quienes retornan, conforme a la Ley N.° 30001.
De la protección a la cooperación
La propuesta plantea que la protección de derechos y la cooperación con el país sean objetivos complementarios. Para avanzar en esa dirección, el Estado debe fortalecer los mecanismos de vinculación con los profesionales peruanos en el exterior e identificar sus competencias, experiencia y áreas de especialización, a fin de conectarlos con las necesidades del país.
Esa labor permitiría promover programas de mentoría, asesoría técnica e intercambio académico, así como alianzas entre universidades, empresas y centros de investigación. Las plataformas virtuales facilitarían la participación de los connacionales y la transferencia de conocimientos sin condicionar su contribución al retorno definitivo.
Demandas productivas específicas
Los sectores competentes deben fortalecer, según sus competencias, la difusión de información sobre derechos laborales, aportes previsionales y beneficios vinculados al retorno. También deben identificarse las capacidades que requiere el Perú en inteligencia artificial, análisis de datos y otros sectores estratégicos, para orientar la colaboración hacia demandas productivas específicas.
Una estrategia coordinada permitiría superar la dispersión de iniciativas, ampliar la cooperación internacional y fortalecer la innovación y la formación profesional. Para asegurar resultados, las autoridades deben aprobar una hoja de ruta intersectorial, asignar responsabilidades y recursos, y establecer metas que permitan evaluar los avances.
El planteamiento apunta a que el país pase de las iniciativas aisladas a una política de Estado sostenida, con objetivos verificables y mecanismos de participación accesibles.
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