La mayoría de los países de la Unión Europea (UE), incluidas grandes economías como España, Alemania e Italia, apuestan por que socios considerados de confianza, como Reino Unido, Suiza, Japón y Canadá, puedan beneficiarse de la norma que prevé priorizar a la industria europea a la hora de conceder fondos públicos.
La cuestión fue abordada este jueves durante un consejo de ministros de Industria de la UE, donde muchos de los participantes apostaron a su llegada por adoptar un enfoque que no limite la etiqueta de producción europea a los 27 Estados miembros, sino que incluya a otros países necesarios para la industria comunitaria y con los que el bloque mantiene buenas relaciones.
La Ley de Aceleración Industrial y el umbral del 'made in Europe'
La Ley de Aceleración Industrial, propuesta por la Comisión Europea a principios de año, prevé exigir un mínimo de fabricación local cuando las autoridades destinen fondos públicos a industrias estratégicas, como la del automóvil o las tecnologías limpias. Sin embargo, corresponde a los países decidir qué se considera exactamente 'made in Europe'.
La norma también prevé exigir condiciones de control europeo y contratación local en las grandes inversiones extranjeras. Está dirigida particularmente a frenar la competencia de China, pero ha suscitado quejas entre socios comerciales de la UE, que la ven demasiado proteccionista.
Posturas de los Estados miembros
La ministra de Economía y Energía de Alemania, Katherina Reiche, sostuvo que se debe seguir un principio de 'hecho con Europa'.
"Debemos seguir un principio de 'hecho con Europa': producir en Europa, pero en cooperación con nuestros socios comerciales, como Noruega y Suiza, y también con otros socios como Canadá, a quien la presidenta de la Comisión Europea ha ofrecido una asociación particularmente privilegiada", dijo Reiche.
En la misma línea, el ministro de Empresa italiano, Adolfo Urso, abogó por partir de la base industrial de los Veintisiete pero incluir también a "socios estratégicos", entre los que citó a Reino Unido, Noruega, Canadá y Japón. "No debemos ser poco realistas, tenemos que ser pragmáticos y responsables", afirmó a su llegada a la reunión.
Los responsables de Bélgica, Polonia, Suecia, Finlandia y Hungría también se mostraron a favor de incluir a países con los que haya buenas relaciones comerciales y lograr una postura "equilibrada".
Francia, en cambio, se mantuvo como el más férreo defensor de circunscribir la medida el máximo posible a la UE. "Hay algunos que han decidido ser parte del proyecto europeo y otros que han decidido abandonarlo", dijo en referencia a Reino Unido el ministro de Industria francés, Sébastien Martin, quien, sin embargo, se mostró dispuesto a incluir a países como Suiza "que tienen cadenas de suministros integradas" con las del bloque. El primer paso, subrayó, debe ser encontrar un acuerdo entre los Veintisiete puesto que "la industria está esperando".
La propuesta española de tres capas
España presentó una propuesta que plantea incluir a terceros países en el paraguas 'made in Europe' en diferentes grados y en función de cada sector concreto, según explicó el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
El planteamiento establece tres áreas geográficas: la primera capa sería el "núcleo duro" formado por los 27 Estados miembros; la segunda incluiría a los países del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia) y a otros socios "confiables" que den un trato recíproco; y una tercera capa incorporaría a países con los que la UE tenga acuerdos comerciales, aduaneros o de compra pública, unos 80 potencialmente.
En el segundo estrato podrían estar Reino Unido, Canadá o Japón, mientras que en el tercero podrían entrar incluso países que no tengan acuerdos con el bloque, como China, cuando se trate de componentes que solo ellos puedan fabricar.
Hereu defendió que la propuesta busca cimentar una "autonomía estratégica abierta" y supone un enfoque "pragmático" que ayudaría a superar las divisiones entre socios al tomar decisiones sector por sector en lugar de incluir o excluir totalmente a ciertos países.
Contexto: exigencias de la norma y debate parlamentario
El Parlamento Europeo busca endurecer las condiciones para los inversores extranjeros que entren en sectores estratégicos de la UE más de lo propuesto por la Comisión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial, según informó EFE el 10 de setiembre.
El borrador del informe de los negociadores de la Eurocámara pide rebajar a 50 millones de euros el umbral a partir del cual un inversor extranjero deberá cumplir con requisitos de contratación y producción local para operar en el bloque, frente a los 100 millones propuestos por el Ejecutivo comunitario.
Aunque ninguna institución lo menciona explícitamente, la medida se dirige de facto a limitar las inversiones de China, ya que se aplicaría a inversores de países que controlen más del 40 % de la capacidad global de producción del sector en cuestión.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión, los inversores que entren en esta categoría deberían emplear al menos un 50 % de trabajadores comunitarios, operar junto a empresas de la UE, limitar a un máximo del 49 % la propiedad y el control extranjero del proyecto, usar al menos un 30 % de insumos producidos en la UE, tener acuerdos de transferencia de tecnología e invertir en I+D en el bloque.
Los ponentes parlamentarios plantean endurecer algunos de estos requisitos, elevando al 60 % la cuota de mano de obra local y al 50 % el porcentaje de insumos de origen comunitario. Además, piden que los inversores aseguren "condiciones de trabajo decentes" a sus empleados en la UE, sean europeos o no, y cumplan con las normas laborales comunitarias y convenios colectivos.
El documento, que aún debe recibir el visto bueno de la Eurocámara y podría cambiar antes del voto en pleno, previsto para diciembre, fijará la posición del Parlamento para negociar con los Gobiernos de los Veintisiete el texto definitivo.
Contratación pública y uso de fondos
La Comisión Europea propuso que puedan considerarse equivalentes al 'made in Europe' los productos de países de "confianza" y la Eurocámara pide incluir varios requisitos para designarlos como tal, entre ellos que tengan normas de competencia equivalentes a las europeas, que respeten los derechos humanos o que cumplan el Acuerdo de París por el clima.
La mayoría de los Estados miembros pidieron inicialmente cautela con la legislación, que algunos ven demasiado proteccionista y temen pueda desatar represalias de terceros países. Todavía no han pactado su posición. China ya ha criticado duramente la medida, que también ha generado recelos en Reino Unido.
Pese a ello, Bruselas sigue apostando por una estrategia de "preferencia europea" en el uso de fondos públicos, incluida la nueva Ley de Contratación Pública presentada el miércoles, que plantea exigir un mínimo de criterios de calidad en las ofertas y prevé que se puedan descartar las ofertas de algunos terceros países, según El Correo.
El comisario de Industria de la UE, Stéphane Séjourné, explicó que la nueva norma no obligará a incluir cláusulas de "preferencia europea" en las licitaciones, pero aclara el marco jurídico para que las autoridades públicas puedan hacerlo y da poderes al Ejecutivo comunitario para vetar a proveedores de terceros países en ciertos casos. Las entidades públicas de la UE gastan cada año en contratos públicos 2,6 billones de euros, un 15 % del PIB del bloque.
"Algo va realmente mal cuando los Estados miembros ponen cada año 2,5 billones de euros de dinero público sobre la mesa, con licitaciones y ayudas de Estado, mientras que dejan que mil millones al día vayan a China", dijo en un comunicado el eurodiputado socialista Pierre Jouvet, uno de los ponentes del informe parlamentario.
El debate sobre el alcance del 'made in Europe' continúa en el consejo de ministros de Industria, a la espera de que los Veintisiete pacten una posición común antes de negociar el texto definitivo con la Eurocámara.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.