El Gobierno de Keiko Fujimori envió al Parlamento peruano un proyecto de ley para establecer un régimen sobre la pequeña minería y la minería artesanal (Ley MAPE). La propuesta ingresó al Congreso el lunes 19 de octubre y, según expertos consultados por Mongabay Latam, prolonga el actual sistema que sirve de paraguas para la minería ilegal, además de mantener el respaldo legal al uso del mercurio.
El Poder Legislativo tiene en promedio dos meses para debatir y, de ser el caso, aprobar la norma que regularía los mecanismos de autorización, fiscalización, trazabilidad y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal en el país.
Un régimen general que no reconoce la diversidad del territorio
El economista e investigador de CooperAcción José De Echave señaló que el proyecto desarrolla un esquema muy general y distante de las realidades dispersas del país. “No es lo mismo minería andina que minería en Amazonía, y tampoco es lo mismo la minería del norte con el sur. El proyecto de ley ni por asomo reconoce esa diversidad de situaciones”, cuestionó.
De Echave también observó la insistencia del Ejecutivo en mantener dos sistemas paralelos, cuando, desde su punto de vista, la pequeña minería y la minería artesanal deberían enmarcarse dentro de la Ley General de Minería. Un tercer punto que advirtió es la omisión del acaparamiento de concesiones: “Hay 22 millones de hectáreas concesionadas y más o menos el 1 % controlan poco más del 50 %”, indicó.
El Reinfo bajo un nuevo nombre
En Perú existe un registro provisional para la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales, implementado en 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su vigencia inicial era de 36 meses, pero los gobiernos siguientes aprobaron hasta cinco ampliaciones. La última vence el 31 de diciembre de este año.
Cada prórroga extendió la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un sistema que, según los expertos, sirve de paraguas para la minería ilegal al permitir la actividad en zonas prohibidas. El proyecto del Ejecutivo contempla, según los especialistas, una nueva ampliación encubierta del Reinfo por un año y medio, hasta junio de 2028, mediante la creación de un “régimen de consolidación” de carácter temporal.
“Nos preocupa porque el Reinfo va a continuar, solo están cambiando de nombre. Ahora lo llamarán régimen de consolidación”, advirtió Beatriz Cortez Sánchez, abogada especialista en temas ambientales de la Red Muqui, organización civil que reúne a 32 instituciones que trabajan en zonas de actividad minera.
“Este proyecto de ley, para mí, no resuelve absolutamente nada. Solo están cambiando el Reinfo por este régimen de consolidación”, apuntó el abogado ambientalista César Ipenza Peralta.
Las disposiciones complementarias de la propuesta precisan que los mineros inscritos en el Reinfo se incorporan al nuevo régimen y podrán continuar desarrollando actividad minera. El sitio web del Reinfo reporta 23 211 registros de mineros que pasarían al “régimen de consolidación”.
Cortez sostuvo que esta ampliación favorece a la minería ilegal. “El Reinfo es usado para que los mineros puedan ingresar a territorios que están prohibidos legalmente y no hay control nacional ni regional. En la práctica, el Estado no tiene capacidad. La minería ilegal y las redes de criminalidad se van a fortalecer”, advirtió.
Mercurio sin plazos ni metas
El exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro Sánchez-Moreno destacó que el proyecto deja abierta la posibilidad de que los mineros sigan utilizando mercurio. El artículo 16.3 de la propuesta establece que los mineros deben adoptar “medidas para reducir progresivamente el uso de mercurio y de compuestos de mercurio, y eliminarlo definitivamente”.
“Dada la importancia y gravedad que tiene el mal uso del mercurio en la actividad minera, se debería establecer metas, plazos y entidades competentes directamente vinculadas con el tema. El proyecto de ley no establece plazos ni metas concretas”, observó Castro.
El especialista añadió que la norma tampoco incorpora medidas específicas para proteger las fuentes de agua o las cabeceras de cuenca, y que debería haber ratificado la prohibición de la minería aluvial, aquella que se realiza en ríos, cochas o lagunas. “Esta minería destroza ecosistemas, medios de vida y además se realiza con mercurio y esto es altamente contaminante y dañino para la salud y el medio ambiente”, explicó.
Cortez señaló que la propuesta apenas menciona la protección del patrimonio cultural y de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Trazabilidad ambigua y nuevos riesgos institucionales
Los especialistas también consideran un punto débil la trazabilidad, es decir, los mecanismos de seguimiento al recorrido del mineral desde la extracción hasta el procesamiento o comercialización. Cortez advirtió que la propuesta es muy general y que su implementación resulta difícil en la práctica. “¿Quién monitorea si trasladan o no insumos que están prohibidos? La Policía. Pero la Policía no se da abasto o simplemente es parte de la red de corrupción”, explicó.
Ipenza observó un impacto adicional en el sistema financiero, ya que el Ejecutivo contempla la posibilidad de que el Banco de la Nación abra cuentas para los mineros informales. “En Perú no tenemos ninguna garantía de trazabilidad. Podemos terminar con un banco público donde ingresa dinero de origen ilegal o poco claro”, cuestionó, y mencionó el riesgo respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La propuesta también plantea crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE). De Echave señaló que esta entidad tendrá una serie de tareas y que de momento no hay precisiones sobre cómo serán financiadas. “El presupuesto para formalización sigue siendo muy reducido”, apuntó.
El proyecto de ley se encuentra en el Parlamento, que tiene un plazo promedio de dos meses para debatirlo y, de ser el caso, aprobarlo. La vigencia actual del Reinfo vence el 31 de diciembre de este año.
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