El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que este "es el momento" para iniciar una transformación del sistema judicial del país, una tarea pendiente desde hace años y que surge tras la destitución y detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado de supuesta protección al narcotráfico.
Paz convocó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, al Legislativo, a la Fiscalía, a las universidades, a organizaciones sociales y a la ciudadanía, entre otros sectores, a generar una "convocatoria" para "transformar el sistema judicial".
"Este momento será el más difícil, el más complicado (para Bolivia), pero es nuestro momento", dijo el mandatario.
El pronunciamiento se produjo durante el acto de reconocimiento del Ejecutivo a la decisión del Parlamento de nombrar a José Armando Urioste como fiscal general interino, en reemplazo de Mariaca.
Llamado a cambios en la Fiscalía y cooperación internacional
Paz alentó a Urioste a realizar varios cambios en la Fiscalía tras la destitución de Mariaca y mencionó que el Gobierno tiene "preacuerdos" con la cooperación internacional que permitirán "modernizar" y generar un cambio en el Ministerio Público.
Mariaca fue detenido el pasado miércoles, según el Ejecutivo, por supuestamente montar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo", por sus supuestos vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de ser fiscal general en 2024.
La detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".
Una reforma pendiente desde hace décadas
La reforma de la justicia es un tema que se discute desde hace varias décadas en Bolivia, tras el retorno de la democracia en 1982.
Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), con la promulgación de una nueva Constitución en 2009, se puso en vigencia la elección de altos magistrados del Poder Judicial mediante el voto ciudadano, previa preselección de candidatos en el Legislativo.
Esa elección fue anunciada en su momento como uno de los pasos para la transformación de la Justicia, pero los comicios de 2011 y 2017 tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados manipulados por el entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines a ese partido al aprovechar su mayoría en el Parlamento.
Los comicios judiciales de 2024 se realizaron de forma parcial por fallos constitucionales promovidos por candidatos inhabilitados y todavía está pendiente que se complete la elección de siete altos cargos en los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional.
La crisis de 2019, que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia en medio de protestas ciudadanas que lo acusaron de realizar un fraude electoral en los comicios anulados de ese año, generó la reaparición del debate sobre la reforma judicial.
El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) hizo al menos tres intentos de reforma judicial, incluso al convocar a "notables" en el área, pero que no prosperaron por la falta de presupuesto para esa transformación.
La Defensoría pide acelerar la designación del fiscal titular
La Defensoría del Pueblo de Bolivia instó el sábado al Legislativo a seleccionar "en el menor tiempo posible" a una nueva máxima autoridad en el Ministerio Público, tras la designación de un fiscal general interino ante la detención y destitución de Mariaca.
El organismo expresó su "preocupación ante la situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado y la necesidad de preservar el normal ejercicio de sus funciones", y consideró "fundamental" garantizar las condiciones para el "adecuado cumplimiento" de su mandato constitucional.
El viernes, el Parlamento aprobó una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel. La norma fue promulgada de inmediato por Paz.
Tras ello, el Legislativo destituyó a Mariaca y, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada del sábado, eligió a Urioste como fiscal general interino "con más de dos tercios", según dijo a los medios el presidente del Senado, Diego Ávila. Urioste permanecerá en funciones hasta que el Parlamento designe a un nuevo fiscal general titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.
Mariaca había sido elegido para un periodo de seis años en octubre de 2024 por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el MAS, el partido de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce.
Además de Mariaca, hay al menos otros 13 detenidos, incluidos tres fiscales, dentro de estas investigaciones, según reportes de prensa. El viernes, Paz sostuvo que hay que "reconstruir" la Justicia boliviana porque hubo algunos operadores "que, a través del crimen organizado, quieren controlar instituciones del Estado que se deben a su pueblo y no a grupos ilícitos de orden nacional" e "internacional".
El dirigente de Unidad Nacional Roberto Moscoso pidió que el retiro de visas anunciado por Estados Unidos derive en una investigación formal en Bolivia. "Es una lista que ha salido del Departamento de Estado, que es una acusación genérica", señaló, y planteó que la Cancillería solicite los antecedentes para que las instancias nacionales determinen responsabilidades.
La nueva norma y la destitución de Mariaca fueron objetadas sobre todo por legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) afines al vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno.
El proceso queda ahora a la espera de que el Legislativo convoque la selección y designación del fiscal general titular conforme a la Constitución, mientras Urioste ejerce el cargo de forma interina.
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