El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes una ley para reemplazar al fiscal general del país, Roger Mariaca, detenido el miércoles tras ser señalado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. La norma dispone que el fiscal general será suspendido si existe en su contra una imputación delictiva o una medida judicial restrictiva, como una prisión preventiva.
Mariaca ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto. Ahora es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega. A inicios de esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Durante la promulgación de la ley en la sede de gobierno, Paz afirmó que la captura de Mariaca "es fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso" y advirtió que hay "algunos que a través del crimen organizado querían o quieren controlar instituciones del Estado".
El Congreso debe definir la suspensión y el interinato
Tras la promulgación, el Congreso en pleno debe reunirse la noche de este viernes para votar la suspensión de Mariaca y de inmediato designar a un fiscal interino. La Fiscalía nombró como nuevo fiscal interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación.
El Ejecutivo incluso anunció que Montaño sería detenido por obstaculizar las pesquisas contra Mariaca. Según el Ministerio de Gobierno, Mariaca habría brindado protección al narco uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año y expulsado a Estados Unidos con la ayuda de la DEA.
Por este caso, también fueron detenidos el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia. Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por Estados Unidos para combatir el crimen transnacional.
Quién es Roger Mariaca y su trayectoria en el Ministerio Público
Roger Rider Mariaca Montenegro, nacido en Santa Cruz en 1987, es un abogado titulado en la estatal Universidad Gabriel René Moreno, con una maestría en derecho penal y derecho procesal penal, según información que publica la Fiscalía General del Estado. Se desempeñó como docente universitario, vocal del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Santa Cruz y entre 2020 y 2024 dirigió la Fiscalía Departamental de esa región.
En octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El abogado recibió siete impugnaciones en el proceso de preselección parlamentaria. Pese a esto y a las críticas de la entonces oposición que le acusó de ser afín al MAS, fue habilitado para continuar en el proceso y resultó elegido para un periodo de seis años, hasta 2030.
Al jurar el cargo, Mariaca prometió luchar "con firmeza" para erradicar la corrupción, impunidad y la violencia de género, delitos que, según dijo, han dejado "profundas heridas" en la sociedad boliviana.
El caso Marset y las acusaciones de Estados Unidos
En julio de 2023, durante la gestión de Mariaca como fiscal departamental de Santa Cruz, se desarrolló un fallido operativo en esa región para capturar al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien huyó y estuvo prófugo hasta este año. El entonces ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, no descartó que policías, fiscales y jueces hayan ayudado a huir al uruguayo, lo que fue rechazado por el Ministerio Público.
Marset finalmente fue capturado en marzo pasado en Bolivia en una operación policial sin participación de la Fiscalía y tras la cual fue enviado a Estados Unidos, donde está detenido. El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la aprehensión de Mariaca por un video difundido en medios locales en el que el uruguayo supuestamente dice que el fiscal general es su "amigo", aunque la autenticidad de esas imágenes no ha sido comprobada.
El lunes, el Gobierno de Donald Trump revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente". Entre los bolivianos sancionados está Mariaca, "por su participación en actos de corrupción significativa". El Departamento de Estado aseguró que el fiscal boliviano "abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia" y que sus acciones "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo".
Mariaca rechazó entonces esas acusaciones y vinculó la decisión de Estados Unidos con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que lleva la Fiscalía, incluidos los casos penales contra el consultor argentino Fernando Cerimedo.
Reacciones políticas y el futuro del Ministerio Público
La detención de Mariaca generó reacciones políticas. El Ministerio Público denunció como un "secuestro" su detención, mientras que el Gobierno de Rodrigo Paz acusó al fiscal general de liderar una "organización criminal" supuestamente "enquistada" en el Ministerio Público para "incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país".
El expresidente Evo Morales denunció en sus redes sociales un supuesto plan orquestado desde Estados Unidos para presionar políticamente y proteger a figuras del actual gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, a través de la liberación de Cerimedo.
La caída de la cúpula fiscal ocurre en el marco de una serie de investigaciones de alto impacto y fuertes disputas políticas. La oficina de Mariaca tenía a su cargo expedientes muy sensibles, entre ellos el proceso contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor vinculado a varias campañas en la región y detenido por el ataque armado y tentativa de homicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, además de causas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Los arrestos forman parte de una ofensiva más amplia en la que el Departamento de Estado estadounidense sancionó a más de una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador por corrupción y vínculos con redes criminales. En el caso boliviano, el gobierno de Paz busca estrechar lazos con la administración norteamericana, habiéndose sumado en marzo de este año a la alianza continental denominada Escudo de las Américas.
El futuro del Ministerio Público boliviano queda ahora en manos del Congreso, que debe reunirse este viernes para votar la suspensión de Mariaca y designar a un fiscal interino, en medio de una profunda crisis institucional.
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