El exmandatario enfrenta cargos penales y niega irregularidades; las autoridades buscan proteger los depósitos de millones de clientes afectados.
La crisis de Ueno Bank desembocó en la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña y abrió una investigación penal sobre sus presuntos vínculos con decisiones relacionadas con fondos públicos. El cierre de la entidad dejó temporalmente sin acceso a su dinero a cerca de 2,9 millones de clientes.
Peña anunció su renuncia después de varios días de protestas, pero el Congreso optó por tramitar su destitución. El Senado lo removió del cargo el viernes 6 de noviembre y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.
El exmandatario permanece en prisión preventiva en una instalación militar y enfrenta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio. Según la Fiscalía, habría intervenido en decisiones sobre colocación y mantenimiento de fondos públicos y previsionales en el banco.
Peña niega haber cometido irregularidades. Había sido accionista del Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno, pero vendió su participación el año pasado, según informó la CNN.
El Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución el 2 de noviembre, después de constatar que el índice de solvencia de Ueno estaba por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La autoridad monetaria informó que los depósitos tienen una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad. Aclaró que la cobertura no se calcula por cada cuenta individual.
El organismo sostuvo que se trata de un caso particular y anunció mecanismos para procurar la protección de los saldos superiores al límite garantizado, conforme al régimen legal vigente.
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