A pocos días de la contienda electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que 49 de los 329 candidatos a gobernadores regionales registran al menos una sentencia penal y, en conjunto, acumulan 98 sentencias. Los casos se distribuyen en 23 de las 25 regiones del país, según el registro obtenido por El Comercio.
Uno de cada siete postulantes a la gobernanza regional cuenta con sentencias penales. Entre ellos hay candidatos con condenas de prisión efectiva, de acuerdo con la información del organismo electoral.
Los candidatos con más sentencias
Guillermo Cornelio Chino Mori, candidato al Gobierno Regional de Ucayali por Alianza para el Progreso, acumula 18 sentencias penales, la cifra más alta del registro. Una de ellas corresponde al delito de negociación incompatible, dictada en el 2015, por la que se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva.
Le sigue Ferry Torres Huamán, postulante de Juntos por el Perú (Amazonas), con siete sentencias. Una de ellas fue dictada en el 2023 por el delito de colusión, con una pena de seis años de prisión efectiva. La ejecución de esta pena quedó condicionada a que la sentencia quede consentida.
Con cinco sentencias aparece Álvaro Renato Calderón, de Fe en el Perú (Lambayeque). Luego, con tres sentencias cada uno, figuran Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021 (Áncash); Elmer Cáceres Llica, de Alianza para el Progreso (Arequipa); Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno (Loreto); Luis Dante Zubia Cortez, de Podemos Perú (Moquegua); y Miguel Ángel Quispe Palomino, de Alianza Regional por el Perú (Pasco).
El vacío entre la Constitución y la normativa electoral
La especialista en derecho electoral Silvia Guevara advirtió que una persona con sentencia condenatoria, incluso en primera instancia, está impedida de postular según el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, la normativa del JNE contempla excepciones y establece criterios bajo los cuales una persona podría postular pese a registrar una sentencia, como haber sido rehabilitada.
"Eso condujo a que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en elecciones previas, permitiera la postulación de personas que estaban impedidas. Eso ocurrió con Mario Vizcarra, quien estaba impedido, pero el Jurado determinó que podía postular. Eso permitió que varias personas en esa situación fueran candidatas. Hasta el día de hoy, si una persona tiene una sentencia en primera instancia, no puede ser candidata según la Constitución. Sin embargo, a nivel de la normativa electoral, se ha dado paso libre", dijo Guevara a El Comercio.
La experta consideró que debe haber mayor rigurosidad mediante una reforma clara que determine un catálogo de delitos que impidan una postulación. "Llama mucho la atención que las mismas organizaciones políticas no hayan tenido los filtros suficientes respecto de los candidatos que están poniendo a disposición de la ciudadanía", concluyó.
Los descargos de los candidatos
El Comercio se contactó con representantes de los partidos de los candidatos con más sentencias penales. Hasta el cierre de la nota, dos respondieron.
Juan del Carmen Vásquez Cruzado, del Partido Frente de la Esperanza 2021 (Áncash), explicó que sus tres sentencias corresponden a hechos que, según señaló, no estuvieron vinculados con actos de corrupción. Sobre la primera, por usurpación, sostuvo que se originó cuando apoyó a un asentamiento humano y una empresa pesquera inició un proceso judicial en su contra. "Fue un acto social, no delincuencia. Si bien se puede decir que cometí un error en el ámbito legal, cumplí un objetivo social y asumí mi responsabilidad", señaló.
Respecto de la segunda, indicó que se originó durante su gestión como alcalde, a raíz de un proceso administrativo relacionado con un trabajador municipal. Según explicó, respetó el procedimiento y el trabajador fue retirado, pero posteriormente acudió al Poder Judicial, obtuvo un fallo favorable y fue reincorporado. "No fue algo más que algo administrativo", sostuvo. Sobre la tercera, afirmó que se debió a un error en la calificación de su experiencia laboral y que no tiene relación con corrupción.
Tedy Vásquez Cárdenas, de Perú Moderno (Loreto), señaló que declaró sus antecedentes ante el JNE y que las penas correspondientes ya fueron cumplidas. "Nunca he pretendido ocultar ningún aspecto de mi vida ni de mi trayectoria. [...] No reniego de mi pasado ni pretendo presentarme ante la población como una persona que nunca tuvo dificultades", sostuvo. Perú Moderno agregó que estos antecedentes fueron evaluados por el Jurado Electoral Especial de Maynas, en el marco de una solicitud de exclusión contra la candidatura, que fue declarada improcedente.
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