Un total de 52 candidatos a gobernaciones y consejerías regionales del sur del país postulan en las Elecciones 2026 con condenas registradas en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según un informe de RPP Noticias que revisó las declaraciones juradas de los aspirantes en Arequipa, Moquegua, Ayacucho y Apurímac.
Entre los casos figuran sentencias por colusión, malversación y agresión familiar, de acuerdo con la revisión periodística de los documentos entregados durante el proceso de inscripción para los comicios programados para el próximo 4 de octubre.
Los casos en Ayacucho y Apurímac
En Ayacucho, Román Quispe Congacha postula a gobernador regional por el partido Batalla Perú. Es ingeniero civil y tiene una sentencia penal por colusión porque, como representante de una empresa constructora, pactó con funcionarios de la municipalidad distrital de Pacaycasa para lograr una licitación de 9 millones de soles para el mejoramiento de un colegio.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho que llevó el caso pudo demostrar que un grupo de funcionarios municipales formaron parte de un comité especial de selección en el proyecto “Mejoramiento del servicio de educación inicial n° 04 I.E. del distrito de Pacaycasa, Huamanga-Ayacucho” del año 2016, valorizado en 9 millones 467 mil soles. Los integrantes del comité de selección se coludieron con Quispe a pesar de que el consorcio no reunía los requisitos exigidos.
RPP solicitó una entrevista a través del personal de prensa de la agrupación política Batalla Perú, pero al cierre del informe no hubo respuesta.
En Apurímac, Óscar Vera Serrano postula por el partido Progresemos al cargo de consejero regional con el número 1. Tiene una sentencia por agresiones contra la mujer, ya que fue denunciado por su exconviviente por agresión física y psicológica y detenido por la Policía de Antabamba. Esta denuncia policial derivó en un proceso judicial con sentencia en 2023, que incluyó medidas de protección para la víctima.
Consultado por los antecedentes de este candidato apurimeño, Paul Jaimes, fundador del Partido Progresemos y excandidato presidencial en las Elecciones Generales 2026, afirmó que la agrupación designó coordinadores regionales y provinciales quienes han sido los encargados de seleccionar a los candidatos.
“Nosotros tenemos muchas listas inscritas en el sur [participantes] y parte de ese éxito es que hemos recurrido a designar a coordinadores regionales y éstos a su vez a los coordinadores provinciales, quienes han visto a líderes que sumaran electoralmente y que, si al día de hoy las candidaturas [que registraron condenas] están vigentes, es porque están rehabilitados, entonces no hay infracción y por eso son candidatos”, afirmó.
Los candidatos mencionados en el informe declararon sus procesos judiciales con condena en sus hojas de vida y para que sus candidaturas sean admitidas por los Jurados Electorales Especiales tuvieron que demostrar que se encuentran rehabilitados.
El debate sobre los filtros electorales
Si las organizaciones políticas continúan postulando a candidatos con antecedentes judiciales, ¿es posible poner más límites a la ley electoral sin que eso signifique afectar el derecho a la participación política que debe tener todo ciudadano? Frente a esa pregunta, Alexandra Marallano, ex secretaria del Jurado Nacional de Elecciones, propuso:
“Yo creo que deberíamos centrarnos en, precisamente, el tema de delitos contra la administración pública, delitos contra la libertad sexual. Creo que primero debe haber una clasificación de los delitos según su gravedad y, a partir de ahí, poner ciertos impedimentos para poder postular a cargo público. No considero oportuno las prohibiciones perpetuas, pero debería haber una comisión que se encargue de establecer qué delitos aplican y cuáles no”, subrayó.
Frente a estos casos surge la pregunta de si las organizaciones políticas están aplicando verdaderos filtros antes de elegir a sus candidatos. Al respecto, el analista político Enrique Castillo señaló:
“Los filtros en los partidos políticos no funcionan porque simplemente los intereses son otros, es decir, la idea y el objetivo es ganar por ganar. Hay muchísimos casos en los cuales los partidos políticos recurren a gente que ya ha tenido condenas, denuncias, problemas de todo tipo -hasta con violencia familiar- entonces si los partidos no son el filtro adecuado, la ley tiene que poner esos filtros porque proceso tras proceso electoral vamos a tener lo mismo. Yo considero que aquellos candidatos que tienen sentencia firme, que han sido condenados, definitivamente no deberían postular a cargo público”, opinó.
Antecedentes: exclusión de candidato en Bagua
El debate sobre las condenas y las candidaturas tiene un antecedente reciente. Según Reina de la Selva, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la tacha contra Emigdio Arteaga Álvarez, postulante de Somos Perú a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Bagua, mediante la Resolución N.° 3301-2026-JNE, del 25 de agosto de 2026, con la que revocó el pronunciamiento inicial del Jurado Electoral Especial de Bagua.
De acuerdo con el expediente electoral, Arteaga cuenta con una sentencia condenatoria por el delito de receptación agravada, por la cual fue condenado a seis años de pena privativa de libertad efectiva. La sentencia, además, habría sido confirmada en segunda instancia, aunque actualmente existe un recurso de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema.
El JEE de Bagua había sostenido que, mientras estuviera pendiente la casación, la sentencia no tendría carácter firme y, por esa razón, Arteaga podía continuar en carrera electoral. Pero el JNE adoptó una posición diferente: determinó que el artículo 34-A de la Constitución no exige que la sentencia condenatoria tenga carácter firme para impedir una candidatura en los supuestos contemplados por dicha norma. En consecuencia, para el JNE resulta suficiente la existencia de una sentencia condenatoria de primera instancia vigente por delito doloso, en calidad de autor o cómplice.
La salida de Arteaga representa un golpe para Somos Perú en la provincia de Bagua, debido a que pierde a quien era presentado como su principal candidato para la alcaldía provincial.
El panorama en Arequipa
En Arequipa, según el portal Micaelas.pe, 116 candidatos reportan sentencias penales o reservas de fallo condenatorio. La información se obtuvo a partir de las declaraciones juradas de hoja de vida que los postulantes entregaron durante el proceso de inscripción para los comicios del próximo 4 de octubre.
Al cierre de esa edición, 14 organizaciones políticas solicitaron la inscripción de sus candidatos para el cargo de gobernador regional. De esa cifra, cuatro aspirantes declararon contar con sentencias penales o reservas de fallo condenatorio: Elmer Cáceres Llica (Alianza para el Progreso), Alfredo Zegarra Tejada (Fuerza Arequipeña), Edwin Martínez Tavera (Acción Popular) y Harold Rodríguez Quispe (Renovación Popular).
De acuerdo con la información consignada ante el JNE, los procesos están vinculados con delitos como otorgamiento ilegal de derechos, incumplimiento de deberes funcionales y nombramiento ilegal para cargo público, entre otros.
En la lista de candidatos a consejeros y accesitarios se identificó a 11 postulantes que declararon antecedentes judiciales. Entre ellos figuran personas que anteriormente ejercieron cargos públicos, así como autoridades en funciones que ahora buscan integrar el legislativo regional.
La revisión de las hojas de vida muestra que siete candidatos que postulan a diferentes alcaldías provinciales de la región Arequipa reportaron sentencias penales o reservas de fallo condenatorio. Entre los delitos declarados aparecen homicidio, apropiación irregular, difamación, minería ilegal, usurpación de funciones, delitos contra la fe pública y falsedad ideológica.
En el caso de las regidurías provinciales, 13 postulantes declararon sentencias. De este grupo, siete buscan integrar el Concejo Provincial de Arequipa, mientras que los demás postulan en las provincias de Camaná (2), Islay (2), Caravelí (1) y Caylloma (1). Las hojas de vida consignan delitos como falsedad genérica, delitos contra la seguridad pública, falsificación de documentos, conducción en estado de ebriedad, lesiones y daños, falsa declaración en procedimiento administrativo, otorgamiento ilegal de derechos y agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar, entre otros.
El mayor número de postulantes con sentencias penales o reservas de fallo en la región se concentra entre quienes aspiran a las alcaldías distritales. En total, 58 candidatos declararon este tipo de antecedentes. La provincia de Arequipa reúne la mayor cantidad de casos: el distrito de Hunter registra tres postulantes, mientras que Socabaya, Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero y Yanahuara presentan dos candidatos cada uno.
Es preciso señalar que la existencia de una sentencia penal no implica automáticamente un impedimento para postular a un cargo de elección popular, de acuerdo con la información difundida.
RPP recordó que la lista completa de estos candidatos puede revisarse en RPP.PE y que este 4 de octubre una decisión informada empieza por conocer a quién se le entrega el voto.
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