La Dirección Regional de Salud no es una oficina cualquiera. Allí funciona un laboratorio que procesa muestras sensibles, conserva cepas y sostiene parte de la respuesta sanitaria frente a tuberculosis, VIH, dengue, sífilis, hepatitis B y otras enfermedades. Por eso, reducir este conflicto a una pelea por un inmueble sería mirar apenas la cerradura, no lo que está en riesgo detrás de la puerta.
Diario Ahora considera que ninguna disputa administrativa, patrimonial o económica debe poner en peligro servicios esenciales de salud. La Beneficencia tiene derecho a defender su propiedad y exigir condiciones claras. La Diresa tiene la obligación de garantizar continuidad sanitaria. Y el Gobierno Regional no puede actuar como espectador cuando el reloj judicial marca una diligencia para el 10 de julio.
Lo más grave no es que exista una controversia por alquileres, deudas o documentos. Lo más grave es que se haya llegado tan cerca del desalojo sin una salida institucional firme. Si un acta de acuerdo aparece ahora como la última vía, entonces alguien dejó que el problema creciera demasiado.
La ciudadanía no necesita discursos, necesita garantías. Si el laboratorio regional no puede mudarse como una oficina común, las autoridades deben reconocerlo con hechos, no con frases. Equipos especializados, cadena de frío, muestras biológicas, personal técnico y vigilancia epidemiológica no se trasladan de un día para otro sin riesgo.
También corresponde decirlo con claridad: aceptar un alquiler inmediato puede ser una salida temporal, pero no puede convertirse en improvisación permanente. Si hay deuda, debe acreditarse. Si hay obligación, debe formalizarse. Si hay desacuerdo, debe resolverse por la vía legal. Pero mientras tanto, la salud pública no puede ser la víctima colateral.
La Defensoría hizo bien en advertir el riesgo sanitario. Barrera hizo bien en señalar que una solución extrajudicial podría suspender la diligencia. La Beneficencia tiene derecho a no aceptar una propuesta que considera insuficiente. Pero todos deben entender que, cuando el conflicto toca servicios críticos, la responsabilidad pública sube de nivel.
Huánuco ya tiene demasiadas carencias como para sumar una crisis evitable. Aquí no se trata de quién gana una pulseada institucional, sino de quién evita que la población pierda atención, diagnóstico y protección sanitaria.
La salida debe ser inmediata, documentada y verificable. Un acuerdo de alquiler, una suspensión judicial y una mesa técnica real pueden apagar el incendio. Luego vendrá lo demás: deuda, propiedad, responsabilidades y solución definitiva.
Pero primero está la gente. Y en salud pública, llegar tarde también es una forma de fallar.
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