Ante la dificultad de los jóvenes de entre 18 y 30 años para acceder a un primer empleo formal, el abogado laboralista Brian Ávalos Rodríguez propone otorgar incentivos tributarios a las empresas que contraten a este segmento poblacional. La medida buscaría reducir el costo laboral sin afectar los beneficios de los trabajadores.
Según explicó al Diario Oficial El Peruano, el problema tiene múltiples causas: muchos jóvenes aún estudian o trabajan a tiempo parcial, carecen de experiencia y se enfrentan a un mercado donde el 70% de la población económicamente activa (PEA) es informal.
El peso de la informalidad
Ávalos señaló que solo el 20% de las empresas en el Perú son formales, y que las micro y pequeñas empresas, que concentran a la mayoría de los jóvenes, operan en su mayoría en la informalidad. Para absorber a los cerca de 300,000 jóvenes que cada año salen al mercado laboral, el país necesitaría un crecimiento promedio del PBI del 5%, pero actualmente apenas alcanza el 3% anual.
“Existen muchos egresados que salen de las universidades o institutos que no tienen dónde trabajar, sin perjuicio de que, además, estudian carreras que no se necesitan o para las que no hay tanta demanda”, enfatizó.
Incentivos como alternativa
El especialista recordó que medidas previas como la ‘Ley Pulpín’ o los incentivos económicos post-pandemia no se consolidaron. Ahora plantea un enfoque distinto: en lugar de reducir costos laborales, otorgar beneficios tributarios a las empresas.
“Bajarles los impuestos a las empresas o fijar incentivos tributarios para que lo puedan deducir del gasto que afrontan como compañía. Entonces, ya no le sale tan caro; es verdad, gastan un 35% de costo laboral, pero ya no deducen 100, sino 120, 130 del gasto”, explicó.
La propuesta apunta principalmente a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de “captar a estos jóvenes informales y traerlos a la formalidad”.
Plan a mediano plazo
Ávalos considera que se debe implementar una política de empleo juvenil con beneficios tributarios en un plan de mediano plazo, hacia el final del próximo quinquenio, enmarcado en una estrategia general de formalización que reduzca la informalidad al menos al 60%.
Recordó que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se fijó una meta similar a 10 años, pero no se logró. “Si tenemos tranquilidad política, nos podemos enfocar en reducir la informalidad”, sostuvo.
Rol de Sunafil y Sunedu
El abogado también propuso que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) priorice la orientación sobre la sanción, y que utilice inteligencia artificial y geolocalización para llegar a más empresas informales con planes de formalización.
En el ámbito educativo, sugirió que el Estado incentive carreras demandadas por el mercado y que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cumpla un papel más activo en la calidad de la formación.
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