Docentes de la Universidad Continental sostienen que la trazabilidad del mineral, los permisos y el control operativo son claves para que la minería formal avance sin perder confianza.
Más de US$12,000 millones en inversiones vinculadas a Michiquillay, Los Chancas y Haquira aparecen afectados por la presencia de minería ilegal, según un informe del Instituto Peruano de Economía citado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El dato vuelve a colocar en debate qué condiciones necesita la minería formal para pasar de la planificación a una operación segura, verificable y sostenida.
El Ministerio de Energía y Minas registra para 2026 una cartera de 66 proyectos mineros en 19 departamentos, con una inversión estimada de US$64,075 millones. Sobre ese escenario, Marco Carhuaz Chávez y Luis Paolo Mendiola Soberón, docentes de la Maestría en Gestión de la Minería de la Universidad Continental, plantearon dos puntos críticos: el origen del mineral y la capacidad real de ejecutar proyectos en el territorio.
Carhuaz advirtió que la minería sin controles técnicos no solo afecta a las zonas donde opera la informalidad. Según el docente, también incrementa el escrutinio de los mercados internacionales, eleva las exigencias de los compradores y puede dificultar la atracción de inversión responsable hacia operaciones formales.
El peso de la trazabilidad
Uno de los principales riesgos identificados por Carhuaz es la falta de trazabilidad del mineral, especialmente del oro. A su criterio, mientras no exista claridad sobre el origen de lo que se comercializa, será más difícil reducir los riesgos reputacionales y de confianza que pueden rodear a un proyecto minero formal.
El docente sostuvo que una respuesta inmediata debería incluir un sistema eficaz de trazabilidad, mayores facilidades para la formalización de quienes estén dispuestos a cumplir estándares, fiscalización firme contra quienes no lo hagan y reducción de barreras burocráticas que, según señaló, hoy pueden hacer más costoso ser formal que informal.
A largo plazo, Carhuaz planteó la necesidad de una política de Estado sostenida, con estándares mínimos verificables de seguridad, ambiente y relación social aplicables a toda la industria, incluida la pequeña minería y la minería artesanal. También remarcó que esa política requeriría mayor capacidad técnica de fiscalización.
Permisos y territorio real
Mendiola sostuvo que la planificación de un proyecto empieza antes de pedir cualquier permiso. Según explicó, una de las fallas frecuentes es no alinear la realidad social del terreno —como el acceso a tierras, autorizaciones de ingreso o presencia de poseedores— con los plazos y objetivos operativos del proyecto.
El docente indicó que los permisos no siempre avanzan al ritmo previsto por las empresas ni al ritmo de la adquisición o acceso real al terreno. Por eso, planteó que la evaluación no puede depender solo de información de gabinete, sino que debe contrastarse en campo para identificar poseedores, conflictos limítrofes u otros factores que pueden modificar la viabilidad práctica del proyecto.
Carhuaz también llamó la atención sobre la transición entre construcción e inicio de producción, etapa en la que, según advirtió, los sistemas de control aún pueden no estar completamente consolidados. En ese momento, dijo, la presión por cumplir primeras metas puede llevar a relajar controles justo cuando más se necesitan.
Entre las decisiones de gestión que consideró relevantes mencionó que la línea de mando asuma los controles operativos, que se vigilen peligros de alto potencial —como equipos pesados o trabajos en altura— y que las empresas verifiquen en campo el desempeño real de sus contratistas, más allá de los documentos de incorporación.
Ambos docentes coincidieron en que el avance de los proyectos requiere coordinación entre Estado, empresas y comunidades. Lo que queda pendiente, según el enfoque expuesto, es si esa coordinación logrará traducirse en controles efectivos, permisos realistas y operaciones capaces de sostenerse sin que la informalidad siga contaminando la confianza sobre toda la actividad minera.
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