La matriz de generación eléctrica del Perú depende en cerca del 90% de dos fuentes: la hidroelectricidad, con alrededor del 58%, y el gas natural de Camisea, con el 38%. Esa concentración, que durante dos décadas garantizó costos competitivos y un perfil de emisiones bajo, hoy expone al sistema a la volatilidad climática, según un análisis publicado en el suplemento Jurídica por Marilynn Montero, socia de Auditoría y líder de Energía e Hidrocarburos de KPMG en el Perú.
Cuando los caudales de los ríos bajan en épocas de estiaje, la generación térmica a gas debe operar al límite de su capacidad instalada o, en escenarios más críticos, recurrir al diésel. Ese recurso encarece los costos marginales del sistema y compromete la estabilidad del suministro para la industria y las familias.
Renovables con participación marginal
Frente a ese panorama, Montero sostiene que el país debe diseñar una hoja de ruta normativa que acelere la integración de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), principalmente eólica y solar, que pese al potencial geográfico del sur y de la costa norte mantienen una participación marginal en el parque generador nacional.
La especialista precisa que diversificar la matriz no implica desplazar de forma abrupta las fuentes vigentes. El gas natural debe preservarse como combustible de transición e insumo de respaldo firme mientras se fortalece la infraestructura de transmisión y almacenamiento a nivel interconectado.
"Diversificar la matriz energética peruana no significa, bajo ninguna circunstancia, desplazar de forma abrupta las fortalezas operativas vigentes, sino complementarlas con criterio técnico e inteligencia estratégica", señala Montero en el artículo.
Los cambios regulatorios pendientes
El análisis identifica tres pilares para una transición justa: sostenibilidad ambiental, equidad social y viabilidad económica. En esa línea, plantea que los costos de las nuevas tecnologías no recaigan de forma desproporcionada en los usuarios finales ni profundicen las brechas de acceso a la energía en zonas rurales.
El marco institucional peruano, añade, demanda una actualización urgente:
- Modernizar la tramitología para simplificar licencias y permisos socioambientales.
- Flexibilizar las normativas contractuales y otorgar certezas al inversionista privado.
- Acelerar las licitaciones de infraestructura de transmisión eléctrica.
- Instaurar esquemas competitivos de subastas que reconozcan los atributos técnicos de las renovables.
El texto también subraya el peso del capital privado global en la transición. Las publicaciones de KPMG sobre flujos de inversión (Energy Transition Investment Outlook 2025) indican que el capital destinado a activos limpios supera con creces al de los proyectos de combustibles fósiles, con cifras récord en almacenamiento mediante baterías de escala masiva, electrificación del transporte e infraestructura de red.
Para Montero, la incorporación de innovación tecnológica y herramientas de analítica predictiva será determinante para administrar redes de distribución cada vez más descentralizadas y variables. El Perú, concluye, enfrenta la oportunidad de consolidar un modelo energético resiliente y diversificado como motor de desarrollo sostenible.
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