En medio del incremento del precio de los combustibles, Indecopi informó que viene realizando visitas de monitoreo y fiscalización en distintos grifos de Huánuco para verificar que el mercado funcione dentro de la ley. Así lo explicó Gina Troyes, jefa de la institución, al detallar que estas acciones forman parte de una supervisión desarrollada a nivel nacional frente a la preocupación generada por el alza de precios.
La funcionaria precisó que la labor de Indecopi se concentra en dos frentes. El primero es el de libre competencia, donde se investiga si existe una posible concertación de precios entre empresas, práctica prohibida por la normativa y sancionada con multas de hasta 1000 UIT. El segundo es el de protección al consumidor, que consiste en verificar que el precio anunciado coincida con el que se cobra en el surtidor, que la información sea clara y que los establecimientos cuenten con libro de reclamaciones.
Según indicó, hasta el momento las supervisiones no han permitido comprobar una concertación de precios entre los grifos inspeccionados. No obstante, la información recogida ha sido enviada a la sede central para que continúe la evaluación correspondiente.
Sobre el incremento del precio de los combustibles, Troyes explicó que responde a factores externos y a las condiciones actuales del mercado. Mencionó, por ejemplo, la ruptura de una tubería, la escasez temporal de combustible, el contexto internacional y los efectos de las lluvias como elementos que han influido en el comportamiento de los precios.
Durante las inspecciones, añadió, se encontraron diferencias en algunos puntos de venta. Indicó que en ciertos establecimientos el gas se comercializaba a S/ 39 y en otros a S/ 50. Sin embargo, aclaró que esa variación no constituye por sí sola una infracción, ya que en el país los precios no están regulados por el Estado, sino por la lógica de la oferta y la demanda.
En esa línea, remarcó que Indecopi no tiene facultad para fijar precios ni para obligar a que estos bajen, incluso cuando el aumento afecta directamente a transportistas, conductores y familias. Su intervención, señaló, solo procede cuando se detectan prácticas ilegales, como acuerdos entre empresas para fijar un mismo precio o afectaciones directas al derecho del consumidor.
Uno de los aspectos que más preocupación genera es que el alza del combustible ya se refleja en otros servicios, especialmente en el transporte. Durante la entrevista, se planteó que muchos conductores de bajaj, taxistas y otros transportistas han incrementado sus tarifas argumentando que el combustible sigue caro. Frente a ello, Troyes reiteró que Indecopi tampoco puede intervenir en la regulación de esos cobros.
La jefa de Indecopi explicó que, mientras no exista evidencia de una coordinación irregular para mantener o elevar tarifas, la institución no puede sancionar ese comportamiento. Añadió que, en caso se detecten pruebas de acuerdos entre empresas o grupos de transportistas para fijar







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