Gobierno prorroga emergencia en Madre de Dios 60 días contra minería ilegal

El Gobierno del presidente José María Balcázar prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Madre de Dios, con el objetivo de reforzar las acciones contra la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 093-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y entró en vigencia desde el 16 de junio de 2026.

Distritos comprendidos y alcance territorial

La decisión alcanza a seis distritos considerados estratégicos para la seguridad nacional debido a la presencia de economías ilegales en la Amazonía peruana. Los distritos comprendidos son Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata; además de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu.

Con esta nueva prórroga, el estado de emergencia permanecerá vigente durante 60 días calendario adicionales. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas.

Estrategia focalizada contra economías ilícitas

Las autoridades determinarán las zonas de intervención utilizando herramientas de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros mecanismos que permitan focalizar los operativos en los puntos de mayor incidencia criminal. Las operaciones estarán orientadas a combatir la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia común y las organizaciones del crimen organizado.

Madre de Dios es considerada una de las regiones más afectadas por estas actividades debido a su ubicación estratégica y a la gran extensión territorial de la selva amazónica. En los últimos años, las autoridades han identificado corredores utilizados por redes criminales para movilizar recursos extraídos ilegalmente y sustancias ilícitas.

Restricción de derechos constitucionales

Como parte de la medida, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, lo que permitirá restringir temporalmente algunos derechos constitucionales en las zonas comprendidas por la emergencia. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

Estas restricciones buscan facilitar las operaciones de seguridad y garantizar una respuesta más rápida frente a las amenazas que afectan el orden interno. El decreto también establece que los eventos religiosos, culturales, deportivos y otras actividades de carácter masivo deberán solicitar autorización ante las autoridades competentes. Las actividades que no impliquen una gran concentración de personas podrán desarrollarse sin necesidad de un permiso especial.

Respeto a derechos humanos y próximos pasos

El Gobierno precisó que las acciones de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas deberán ejecutarse respetando la legislación vigente sobre el uso de la fuerza. Asimismo, las autoridades deberán aplicar protocolos especiales para la atención y protección de mujeres, menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad.

Una vez culminada la medida, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos. La persistencia de la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas sigue representando uno de los mayores desafíos para el Estado peruano, con graves daños ambientales en la Amazonía por la contaminación de los ríos y la deforestación.