La sostenibilidad de las finanzas públicas en Perú enfrenta una presión creciente por decisiones legislativas recientes y propuestas electorales que ampliarían el gasto rígido, según alertó el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su informe de marzo de 2026. El estudio, basado en la opinión de 85 economistas, revela que el 95% considera necesario que el Ejecutivo observe leyes aprobadas por el Congreso e incluso presente demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en un contexto donde el gasto comprometido ya alcanza el 62% del presupuesto total.
El documento advierte que iniciativas recientes del Congreso implican un aumento superior a S/ 11,000 millones anuales, principalmente por la ampliación de beneficios en pensiones a docentes y militares, así como mejoras laborales para trabajadores bajo el régimen CAS. Según el IPE, esta presión fiscal ocurre en paralelo a un escenario de desaceleración económica global y tensiones internas que reducen el margen de maniobra del Ejecutivo.
La encuesta también identifica que el 92% de los economistas considera “riesgosas o muy riesgosas” las propuestas electorales que plantean incrementos agresivos del gasto público rígido, incluyendo planillas estatales y sistemas pensionarios. Este tipo de gasto, según el informe, limita la capacidad del Estado para responder a crisis futuras, ya que reduce la flexibilidad presupuestal en un contexto donde el Perú ya cuenta con herramientas como el Fondo de Estabilización Fiscal.
Propuestas electorales bajo cuestionamiento técnico
El análisis del IPE incorpora una revisión de los planes de gobierno y declaraciones de los principales candidatos con miras a las elecciones generales de 2026. Según el informe, cerca del 90% de los economistas también califica como riesgosas propuestas como el control de precios, la revisión generalizada de contratos-ley y la expansión de la actividad empresarial del Estado, medidas que históricamente han generado distorsiones en mercados emergentes.
En particular, el documento señala que uno de los partidos con mayor intención de voto, Juntos por el Perú, concentra varias de las propuestas consideradas de mayor riesgo por los especialistas. Este dato introduce un elemento electoral relevante: las ideas económicas con mayor respaldo político no necesariamente coinciden con las recomendaciones técnicas predominantes.
Desde el ámbito académico, Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, ha señalado en distintos foros que el incremento del gasto rígido “reduce la capacidad del Estado de reaccionar ante choques externos”, especialmente en economías abiertas como la peruana. En la misma línea, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, ha advertido que el uso de reservas internacionales para financiar gasto fiscal “compromete la estabilidad macroeconómica”, dado que estas cumplen un rol clave en la estabilidad del tipo de cambio.
El informe del IPE coincide con estas posiciones al señalar que el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar gasto fiscal resulta inadecuado, ya que su función principal, administrada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es reducir la volatilidad cambiaria. El Perú, según el documento, dispone de mecanismos alternativos de financiamiento, lo que hace innecesario recurrir a estos recursos.
Congreso y Ejecutivo bajo presión institucional
El contexto inmediato de estas advertencias se ubica en las decisiones adoptadas en los últimos 30 a 90 días, marcadas por la aprobación de normas con alto impacto fiscal. Según el Consejo Fiscal, citado indirectamente en el informe, estas medidas reflejan un patrón de decisiones que comprometen la sostenibilidad de las cuentas públicas, en un entorno de creciente fragmentación política.
En una perspectiva de mediano plazo, entre 2023 y 2025, el Perú ha experimentado una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la política fiscal. La aprobación de retiros de fondos previsionales, bonos extraordinarios y subsidios generalizados ha incrementado el gasto público sin una fuente clara de financiamiento estructural, según análisis previos del Ministerio de Economía y Finanzas.
A nivel histórico, en los últimos 10 años, el país ha transitado de una posición fiscal sólida —con superávit en algunos ejercicios previos a 2014— hacia un escenario de déficit recurrente, agravado por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022, cuando el déficit superó el 8% del PBI. Aunque posteriormente se redujo, las presiones actuales podrían revertir los avances logrados en consolidación fiscal.
Desde el plano legislativo, estas tensiones afectan la capacidad de gobernar, ya que el Ejecutivo enfrenta limitaciones para vetar o modificar normas aprobadas por un Congreso fragmentado. En términos económicos, el aumento del gasto rígido podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento, elevando el costo del financiamiento externo en un contexto de tasas de interés globales aún elevadas.
Combustibles, subsidios y presión fiscal adicional
El informe también aborda la reciente alza de precios de combustibles, que registraron incrementos de hasta 27% durante la primera quincena de marzo de 2026. Frente a este escenario, el Gobierno evalúa implementar subsidios y exoneraciones tributarias, medidas que ya fueron utilizadas en 2022 con un costo superior a S/ 4,200 millones para el erario público.
El 53% de los economistas consultados considera que se requieren mecanismos más focalizados para mitigar el impacto del alza en los precios, mientras que un 48% plantea mantener el uso del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Esta división refleja un debate técnico sobre la eficiencia de los subsidios generalizados frente a intervenciones más específicas.
Desde el enfoque social, el incremento de combustibles afecta directamente a sectores como transporte, agricultura y comercio minorista, lo que se traduce en mayores costos para los consumidores. En regiones como Huánuco y Ucayali, donde los costos logísticos representan hasta el 30% del precio final de productos básicos, estos incrementos tienen un impacto directo en el costo de vida.
En el plano electoral, las medidas para mitigar el alza de combustibles pueden convertirse en herramientas de corto plazo con alto rendimiento político, pero con efectos fiscales de largo plazo. Esta dinámica ha sido observada en procesos electorales anteriores, donde decisiones de gasto expansivo coincidieron con periodos preelectorales.
Crisis en Essalud revela fallas estructurales
Otro de los ejes del informe se centra en la situación de Essalud, cuya crisis ha sido calificada como “profunda” por los economistas consultados. A pesar de que su presupuesto aumentó 30% en la última década, la provisión de servicios, como horas médicas programadas, solo creció 11%, evidenciando problemas de eficiencia en la gestión.
El 59% de los especialistas considera que la prioridad debe ser mejorar la gobernanza institucional, antes que incrementar el presupuesto. Apenas un 1% respalda una expansión presupuestal como solución principal, lo que refleja un consenso sobre la necesidad de reformas estructurales en lugar de mayores recursos.
Asimismo, el 49% plantea fortalecer el primer nivel de atención, mientras que el 36% propone impulsar asociaciones público-privadas y el 27% sugiere mejorar la interoperabilidad entre sistemas de salud públicos y privados. Estas propuestas apuntan a reducir las brechas en acceso y calidad de atención para los asegurados.
En términos sociales, la crisis de Essalud afecta a millones de trabajadores formales y sus familias, quienes enfrentan demoras en citas médicas, escasez de especialistas y limitaciones en infraestructura. En regiones fuera de Lima, estas deficiencias se acentúan, ampliando la brecha territorial en el acceso a servicios de salud.
Nuevos riesgos económicos desplazan la agenda política
El informe también identifica un cambio en la percepción de riesgos de corto plazo para la economía peruana. La inseguridad ciudadana y el crimen organizado lideran las preocupaciones con un 45%, seguidos por el deterioro de las finanzas públicas con 44% y la incertidumbre global con 33%.
Estos factores han desplazado a la inestabilidad política y el proceso electoral como principales riesgos, lo que refleja una reconfiguración del escenario económico tras la transición política de febrero de 2026. La expansión del crimen organizado, según diversos analistas, afecta directamente la inversión privada y la actividad económica en regiones clave.
En el ámbito económico, el deterioro fiscal se combina con factores externos como el conflicto en Oriente Medio, que ha presionado al alza los precios del petróleo, impactando directamente en los costos de combustibles. Este escenario reduce el margen de respuesta del Estado y aumenta la vulnerabilidad de la economía ante shocks externos.
El componente electoral sigue presente, aunque en segundo plano. Las propuestas económicas de los candidatos, muchas de ellas calificadas como riesgosas por el IPE, podrían definir el rumbo fiscal del país en los próximos cinco años. La tensión entre viabilidad técnica y atractivo político se perfila como uno de los ejes centrales del debate electoral.
El escenario descrito por el IPE deja abierta una interrogante clave: hasta qué punto el sistema político peruano podrá equilibrar las demandas sociales inmediatas con la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Las decisiones que adopten el Ejecutivo, el Congreso y los actores políticos en los próximos meses marcarán no solo el resultado electoral de 2026, sino también la estabilidad económica de la próxima década.
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