Por encontrarse en curso un proceso judicial que definirá la situación legal y de posesión del fundo La Pedroza (Pedraza), la Dirección Regional de Agricultura se encuentra impedida de ejercer alguna acción administrativa hasta que lo determine un mandato judicial.
La información la dio a conocer el abogado Adolfo Cachay Sánchez, asesor legal del sector Agricultura, quien de esta manera, respondió a las reiteradas peticiones de intervenir por parte de Rafael Pujay, dirigente de uno de los grupos en conflicto.
Indicó que en el fundo de 74 hectáreas, adjudicado a la comunidad campesina Yurajhuanca, hay una serie de problemas de orden legal que deben dilucidarse en el proceso judicial en marcha.
“En la actualidad existe un mandato judicial por ejecutar, que es la orden de desalojo de quienes en el presente año invadieron los terrenos, que corresponde definir la ejecución y fecha al Poder Judicial y la Policía Nacional”, indicó.
Grupos en conflicto
Señaló que son tres los grupos en conflicto por el predio agrícola: los adjudicatarios de las tierras, según la Ley de Reforma Agraria; un grupo de posesionarios de la familia Huamán que ingresaron a los terrenos hace varios años con el consentimiento de los adjudicatarios y durante muchos años han sido agricultores; y los invasores liderados por Rafael Pujay, que tomaron las tierras a la fuerza a principios del presente año y que exigen la nulidad de la adjudicación a Yurajhuanca y que se reviertan a la Dirección Regional de Agricultura, que a su vez, las entregue a los supuestos propietarios que serían los integrantes de las comunidades campesinas vecinas de La Esperanza.
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