Consejero Tarazona alerta incumplimiento de etapas y procedimientos en compra de camiones y otros bienes

La aprobación de la compra de camiones y otros bienes mediante el mecanismo de obras por impuestos ha generado una fuerte controversia en el Consejo Regiona de Huánuco (Gorehco)l. El consejero regional Olchese Tarazona advirtió que el procedimiento seguido sería irregular y sostuvo que la decisión podría carecer de validez legal, debido a que no se habrían respetado los pasos formales exigidos por la norma.

Según explicó, el acuerdo aprobado vulneraría tanto el reglamento interno del Consejo Regional como la Ley de Procedimiento Administrativo General. Afirmó que no se cumplió con etapas esenciales como la deliberación, el debate técnico, la votación en comisión y la emisión regular del dictamen. Por ello, cuestionó que una decisión de alto impacto económico, vinculada a una inversión cercana a los S/ 300 millones, haya sido sometida a votación sin agotar previamente el procedimiento correspondiente.

Cuestionan dictamen presentado Uno de los principales puntos observados es la presentación de un supuesto dictamen de minoría desde la Comisión de Desarrollo Económico. Tarazona señaló que esa figura no tendría sustento, debido a que la comisión aún no había concluido su trabajo técnico y legal sobre el pedido del Ejecutivo regional.

En ese contexto, remarcó que no se puede hablar de una posición en mayoría o minoría si antes no hubo una votación formal dentro de la comisión. Añadió que el grupo de trabajo todavía debía seguir evaluando la viabilidad del proceso, por lo que consideró improcedente que el tema haya sido llevado al pleno en esas condiciones. También indicó que la comisión afrontaba limitaciones, como la falta de asesores especializados para revisar una propuesta de esa magnitud.

Advierten fallas técnicas El consejero también alertó sobre observaciones en los expedientes sustentatorios del proyecto. Durante el debate, se mencionó que algunos documentos tendrían errores e incluso similitudes con otros expedientes, lo que, según dijo, obligaba a una revisión más exhaustiva antes de cualquier aprobación.

Además del cuestionamiento administrativo, Tarazona fue más allá al señalar que los hechos podrían derivar en responsabilidades legales si se confirma que existió un interés indebido en la aprobación. En esa línea, sostuvo que el caso podría ser evaluado por instancias de control bajo criterios vinculados a presuntos actos irregulares en la función pública. Sin embargo, insistió en que serán las entidades competentes las que determinen si corresponde o no establecer responsabilidades.

Exigen investigación Frente a este escenario, anunció que pondrá el caso en conocimiento de la Contraloría General de la República, del Órgano de Control Institucional y de la Procuraduría, con el fin de que revisen la legalidad del acuerdo y el procedimiento seguido por el Consejo Regional.

Tarazona sostuvo que no se opone a que se atiendan las necesidades de la población mediante inversiones importantes, pero remarcó que ello debe hacerse respetando estrictamente la ley. Afirmó que la urgencia no puede convertirse en argumento para omitir controles ni procedimientos. La controversia, por ahora, deja bajo cuestionamiento una de las decisiones económicas más relevantes debatidas recientemente en el Consejo Regional.