El abogado Ángel Lazo denunció que la Comisión de Nombramiento de Personal de Salud 2023 del Hospital Regional Hermilio Valdizán denegó injustamente el nombramiento de 60 trabajadores CAS, a pesar de que cuentan con medidas judiciales a su favor. “Esta decisión ha sido tomada únicamente debido a que estos trabajadores cuentan con medidas cautelares a su favor, a pesar de que los lineamientos establecidos en el D.S. Nº 015-2023-SA solo requieren tener contrato vigente al 31 de julio de 2022 y registro AIRHSP como requisitos para el nombramiento”, explicó. El abogado defensor de los enfermeros, obstetras, tecnólogos y otros contratados mencionó que la disposición de la comisión de nombramiento va contra la Constitución Política y, por lo tanto, actuará en los fueros judiciales para lograr el nombramiento de sus patrocinados. “Esta exclusión va en contra de lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, específicamente, en el artículo 2° numeral 24 inciso a), artículo 38 y artículo 41, los cuales establecen que toda decisión de la administración pública debe estar enmarcada dentro de los ordenamientos legales vigentes”, acotó. “En este caso, no existe ninguna prohibición en los lineamientos para el nombramiento que impida la postulación de personal con medidas cautelares a su favor, por lo que la decisión de la comisión es considerada arbitraria e ilegal”, sostuvo el abogado. Ante esta situación, se ha presentado una denuncia por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en contra de la comisión. “ Según lo establecido en el artículo 376º del Código Penal, este delito se configura cuando un funcionario público abusa de sus atribuciones y comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. La pena para este delito es una privativa de libertad no mayor de tres años”, refirió Lazo. La exclusión de estos trabajadores con medidas cautelares en el proceso de nombramiento del Hospital Regional Hermilio Valdizán ha generado controversia y preocupación en el ámbito laboral y legal, ya que se cuestiona la legalidad y fundamentación de la decisión de la comisión.
