- La mayoría de los casos son por las más de 70 obras paralizadas en toda la región
Hasta julio del año pasado, alrededor de 172 funcionarios públicos de las diversas entidades estatales de Huánuco se encontrarían inmersos en presuntos actos de corrupción.
Asimismo, se han detectado más de 11.5 millones de soles se encuentran implicados en estos casos de irregularidades y un perjuicio contra el estado de más de 7 millones de soles.
Así sostuvo la gerente general de la Contraloría General de la República (CGR) de Huánuco, María Choy.
“Son 172 funcionarios con responsabilidades administrativas civiles y penales, de los cuales han sido antes de julio del 2022 que van a ir a un deslinde de responsabilidades en las secretarías técnicas y otro porcentaje que será a través del procedimiento sancionador”, dijo.
Explicó que estas cifras fueron obtenidas gracias al estudio de Rendición de Cuentas 2022 y Agenda de Control 2023, conformado por 18 informes. Similarmente, acotó que las sanciones oscilan desde la destitución o inhabilitación temporal a un cargo público hasta la cárcel.
Podrían ir a la cárcel
“Todos los hechos cometidos por los funcionarios antes del 22 de julio del 2022 y sean considerados hechos graves, van a pasar a la potestad sancionadora de la Contraloría, recordando que la sanción mínima puede ser la destitución hasta la cárcel”, indicó.
María Choy expresó que los informes con responsabilidad civil han sido derivados a la Procuraduría Pública de la CGR y “los informes donde se ha identificado responsabilidad penal han sido derivados a la Contraloría Pública Anticorrupción de Huánuco”.
La especialista adelantó que los imputados tendrían responsabilidad civil y penal. Asimismo, la mayoría de los funcionarios sospechosos se encuentran implicados en las más de 70 obras paralizadas en toda la región.
También en las obras que se encuentran con problemas de recepción y con deficiencias técnicas. Del mismo modo, algunos se encuentran investigados por la falta de aplicación de penalidades y otros deberes exigidos por la ley de obras públicas.
Choy resaltó que muy frecuentemente las gestiones regionales y municipales contratan a funcionarios que se encuentran inhabilitados por sentencia judicial.
“Hay mucha responsabilidad penal para aquellas autoridades que designan funcionarios inhabilitados”, acotó.
EL DATO
María Choy informó que han efectuado el control concurrente a la obra del puente Tingo María y el centro de salud de Yuyapichis donde identificaron riesgos potenciales. Asimismo, la obra del anillo vial de Jactay.
