La oposición vecinal a la remodelación de la Alameda de la República elevó el tono del debate y planteó una exigencia concreta: reformular el expediente y someter el proyecto a una consulta ciudadana. El periodista y vecino Hevert Laos sostuvo que la intervención propuesta no debe avanzar sin una revisión independiente, especialmente por el impacto que podría tener sobre los árboles, la configuración vial y el valor urbano del espacio.
Laos cuestionó la exposición realizada por el ingeniero agrónomo Marco Montero Cortés, arborista certificado por la International Society of Arboriculture. Según dijo, el especialista desarrolló una explicación general sobre la importancia del árbol, pero no respondió con solvencia a las preocupaciones legales y ambientales sobre una eventual tala o traslado de especies. El vecino afirmó que esa intervención reafirmó su posición de que “al árbol no se le toca”.
Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento fue la posible intervención de más de 200 árboles. Laos sostuvo que el traslado de árboles adultos no puede ser tratado como una operación simple y pidió revisar experiencias previas antes de asumir que el trasplante sería viable. A su juicio, no basta con presentar una alternativa técnica: se requiere demostrar qué experiencia concreta existe y cuáles serían las garantías de supervivencia de las especies trasladadas.
El árbol como centro del conflicto
Laos puso especial énfasis en las casuarinas ubicadas en la Alameda. Según relató, un ingeniero agrónomo le explicó que estas especies cumplen una función ambiental como barrera contra el viento y el polvo. Con esa referencia, sostuvo que los árboles no deben ser vistos solo como obstáculos para una obra, sino como parte de una lógica urbana y ambiental que ha acompañado durante años a ese sector de la ciudad.
El vecino no negó que existan árboles envejecidos o en mal estado, pero planteó que esos casos deben resolverse con reemplazos progresivos y no con una intervención masiva. Como ejemplo, mencionó su experiencia en la Junta Vecinal del Parque Amarilis, donde —según dijo— se retiraron árboles antiguos de manera gradual y se plantaron nuevas especies al costado, permitiendo una renovación sin alterar de golpe el paisaje urbano.
Laos también sostuvo que la Gerencia de Parques y Jardines de la Municipalidad no habría emitido autorización ni informe sobre el proyecto, según lo que él afirmó haber recogido. Esa versión requiere contraste institucional antes de ser presentada como hecho, pero revela uno de los vacíos que alimenta la resistencia vecinal: la falta de una explicación clara sobre qué entidad autoriza, certifica o valida una intervención sobre los árboles.
Piden técnicos independientes
Para Laos, el profesional que expuso sobre el componente forestal actúa como un perito de parte, porque habría sido contratado dentro del proceso vinculado al proyecto. Por esa razón, planteó que arquitectos, ingenieros forestales, agrónomos y especialistas ambientales independientes revisen el expediente y emitan opinión técnica. Su posición no apunta solo a rechazar la obra, sino a exigir que se reformule bajo otros criterios.
La propuesta vecinal que defendió consiste en mantener las cuatro vías y los seis carriles, renovar redes de agua y desagüe, mejorar pistas, ordenar carriles auxiliares, incorporar adoquines, colocar bancas y reforzar la plataforma central sin alterar de manera drástica la arboleda. Según su planteamiento, es posible intervenir la Alameda sin reducirla a un rediseño que concentre el paseo peatonal en una plataforma central rodeada de tránsito intenso.
El vecino también cuestionó la idea de que una plataforma central de seis metros convierta automáticamente el espacio en una alameda funcional. Según dijo, ese diseño podría no ser usado por los peatones debido al riesgo generado por vías de alto tránsito a ambos lados. Esa observación muestra que el conflicto no se limita a la defensa de árboles, sino que alcanza la funcionalidad urbana del proyecto.
Laos informó que ya se presentó un memorial ante la Dirección Desconcentrada de Cultura con casi 100 firmas de vecinos que viven frente a la Alameda. Según su versión, el objetivo es respaldar una eventual declaratoria patrimonial o, al menos, abrir una vía institucional para proteger el espacio antes de que se ejecute una transformación irreversible. Ese dato necesita seguimiento porque podría modificar el curso administrativo del proyecto.
El dirigente también anunció una audiencia ciudadana en el Colegio de Abogados, prevista para el sábado a las 9 de la mañana, y pidió que asistan autoridades y candidatos al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Huánuco. Su argumento es que quienes podrían asumir la conducción política desde enero deben fijar posición sobre si continuarían, modificarían o rechazarían el proyecto.
Aunque negó estar convocando una marcha, Laos indicó que habría una movilización el viernes y aclaró que su participación se centra en promover el debate ciudadano. También advirtió que existen vías legales, incluida una posible medida cautelar, para impedir una intervención que los vecinos consideren lesiva. Ese escenario coloca a la Alameda en una fase delicada: si no hay respuestas técnicas convincentes y contraste institucional, el proyecto podría pasar de controversia urbana a conflicto judicial.
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