Temen ser multados: Vecinos de Cabrito Pampa, Yacutoma y Kotosh revelan que por necesidad vierten aguas residuales al río Higueras

En el frontis de la Municipalidad Provincial de Huánuco, pobladores de Cabrito Pampa, Yacutoma y Kotosh realizaron una protesta para exigir la instalación de un sistema de agua y desagüe, señalando que viven desde hace décadas sin conexiones formales de saneamiento. El reclamo se intensificó tras la aplicación de una Ordenanza Municipal que sanciona administrativamente el vertimiento de aguas residuales al río Higueras, situación que —según los manifestantes— ocurre precisamente por la falta de una red de desagüe y alternativas públicas viables. Los dirigentes indicaron que la municipalidad les ha notificado por contaminación y les habría dado 10 días para cortar las tuberías que descargan hacia el río y dejar de arrojar aguas residuales. Sin embargo, cuestionaron el plazo por considerarlo insuficiente para implementar soluciones temporales como pozos sépticos o silos en un corto periodo. “Nos multan, pero no tenemos desagüe”, insistieron durante la protesta, advirtiendo que la medida puede perjudicar a familias con niños, adultos mayores y madres de familia, además de afectar a la población escolar de zonas cercanas. Ordenanza, plazos y multas De acuerdo con lo expuesto por los vecinos, la notificación municipal se sustenta en la ordenanza que sanciona el vertimiento de aguas residuales a áreas verdes, acequias, ríos, quebradas, predios privados y espacios públicos. En el diálogo difundido, los pobladores mencionaron montos de multa que alcanzan S/ 1,100 para actividades domiciliarias, S/ 3,300 para comerciales y S/ 5,500 para industriales, cifras que elevaron la preocupación ante la posibilidad de que el pago recaiga sobre los hogares. Los manifestantes calculan que la medida afectaría aproximadamente a 164 viviendas. Los protestantes sostienen que el problema no es reciente. Afirman que han presentado documentos, solicitudes y expedientes en reiteradas oportunidades, sin que se concrete un proyecto integral de agua y desagüe. También señalaron que, aunque cuentan con energía eléctrica y el servicio municipal de recojo de basura llega a la zona, el saneamiento básico sigue ausente, lo que —a su juicio— evidencia una atención parcial del Estado frente a una necesidad esencial. Informalidad y riesgo en el debate Otro punto que incrementa la complejidad del caso es la condición legal del territorio. Los dirigentes reconocieron que muchas familias no tienen título de propiedad, sino “posiciones”, lo que podría dificultar la ejecución de proyectos. Aun así, advirtieron que la falta de formalización no puede traducirse en la negación prolongada de servicios básicos, debido al impacto directo en la salud pública. En paralelo, mencionaron que Seda Huánuco habría realizado inspecciones técnicas, pero que la instalación de redes de agua y desagüe no avanza por una “estimación de riesgo” en la zona, argumento que ha generado nuevas dudas entre los vecinos: si el área se considera de riesgo, cuestionan por qué han permanecido allí durante 30 o 40 años con servicios parciales, pero sin una salida estructural al saneamiento. Los manifestantes insistieron en que la descarga al río no obedece a una decisión voluntaria, sino a la falta de infraestructura. En ese escenario, la protesta puso sobre la mesa un choque de fondo: la protección ambiental del río Higueras frente al derecho a condiciones de vida dignas y al acceso a servicios esenciales. Respuesta municipal Según lo relatado por los dirigentes, tras ingresar a la municipalidad fueron recibidos por funcionarios del área ambiental, quienes les habrían explicado la ruta administrativa para solicitar un plazo mayor. La indicación habría sido presentar un memorial a fin de obtener 30 días y así implementar medidas temporales como pozos sépticos o silos, mientras se gestiona una solución definitiva. No obstante, los vecinos remarcaron que esa salida es solo un paliativo y reiteraron que su demanda principal es un proyecto integral de agua y desagüe que ponga fin a un problema que describen como histórico. Además, sostienen que el enfoque sancionador, sin una alternativa pública clara, puede escalar el conflicto social y agravar las condiciones sanitarias en la zona. Al cierre de la protesta, los pobladores reafirmaron que volverán a solicitar diálogo con las autoridades municipales para frenar las multas y exigir una respuesta concreta. “Queremos vivir tranquilos”, señalaron, insistiendo en que la solución debe ser técnica, sostenible y prioritaria por tratarse de salud pública y protección ambiental al mismo tiempo.