La remodelación de la Alameda de la República se encuentra en medio de cifras contradictorias, solicitudes de documentos y cuestionamientos al diseño antes de que la obra comience. El dato que generó alerta ciudadana fue presentado por el presidente del Comité Central de Juntas Vecinales de Huánuco, Clever Calixto Natividad: según indicó, en una exposición reciente se informó que el anteproyecto contempla la tala de 206 árboles, la reubicación de 56 y un aumento de apenas 150 metros cuadrados de área verde.
Esta cifra es significativa, ya que la Alameda no solo cumple una función ornamental, sino que también es un eje urbano, comercial, vial y simbólico de Huánuco. Calixto señaló que muchos dirigentes recién conocieron el alcance del anteproyecto y cuestionó que una intervención de tal magnitud no haya sido explicada previamente mediante talleres participativos, convocatorias públicas y amplia difusión en medios locales. Para él, el problema no es solo la obra, sino la falta de licencia social.
La incertidumbre aumentó cuando el alcalde provincial, Antonio Jara, afirmó que tampoco tiene claro el expediente. Según dijo, solicitó formalmente el diseño y el estudio de impacto ambiental, pero hasta el momento de sus declaraciones no había recibido la documentación. Jara añadió que, mientras algunos hablan de 200 árboles, él cuenta con un expediente que menciona 400. Esta discrepancia convirtió el debate ambiental en un problema de transparencia institucional.
El árbol como punto de quiebre
Calixto comentó que la exposición técnica dejó una impresión preocupante: el diseño geométrico del proyecto, descrito por él como ondulado, parecería imponerse sobre lo existente. Según su interpretación, si un árbol interfiere con el trazado, se retira. El dirigente planteó lo contrario: que el diseño se adapte a la Alameda actual y que la tala sea el último recurso, solo cuando exista un sustento técnico por antigüedad, daño estructural, riesgo de caída o afectación comprobada.
El dirigente vecinal no rechazó de plano la inversión. Afirmó que la Alameda necesita intervención en saneamiento, pistas, veredas y recuperación urbana. También aceptó que algunos árboles podrían estar en mal estado. Sin embargo, insistió en que la remodelación debe encontrar un “término medio” entre modernizar el espacio y preservar lo que ya existe. En su evaluación, si la obra se presenta como una imposición, el conflicto crecerá.
Jara coincidió en que la tala de árboles requiere justificación técnica. Puso como ejemplo el manejo de palmeras y árboles en otros espacios públicos, donde —según dijo— ha solicitado la intervención de especialistas y las autorizaciones correspondientes. El alcalde sostuvo que, si una obra demuestra con documentos que no hay otra alternativa que retirar árboles, la norma permite compensar con nuevas especies. Pero remarcó que, para convencer a la población, primero deben mostrarse el estudio ambiental, el expediente y la compensación prevista.
Cuatro voces y una misma grieta
Rodolfo Espinoza, entrevistado sobre el proyecto, añadió una crítica urbana. Según su postura, restringir carriles en la Alameda afectaría una zona que considera parte del anillo vial de la ciudad, especialmente por su relación con el centro histórico. Para él, el Gobierno Regional y la Municipalidad deberían priorizar el malecón, un espacio que —según afirmó— está abandonado y permitiría desarrollar un boulevard, paseo o zona de recreación sin alterar la arquitectura original de la Alameda.
Espinoza también advirtió que el proyecto podría terminar en un gasto inútil si se invierte en perfiles o expedientes que la siguiente gestión no ejecute. Su argumento se basa en el calendario político: las actuales autoridades están cerca del cierre de gestión y, según su análisis, una obra con fuerte resistencia social podría quedar archivada por la próxima administración. Ese riesgo, planteó, hace más urgente transparentar la información antes de avanzar.
La tensión institucional también se refleja en la versión de Jara sobre los plazos. El alcalde afirmó que la Municipalidad Provincial entregó convenios al Gobierno Regional desde 2024 para intervenir la Alameda y la Laguna. Según su relato, la convocatoria para diseño y construcción se realizó recién en septiembre de 2025, con plazos de 90 días para la Alameda y 60 para la Laguna, ya vencidos. Con ese argumento, rechazó que se responsabilice a la comuna por la demora.
El conflicto ya no se limita al expediente. Lucio Candelario Arratea, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios de las Comunidades Campesinas de la provincia de Huánuco, advirtió que los productores no saldrán de la Alameda si no existe un plan de reubicación bien estructurado. Esta posición ejerce presión social sobre un proyecto que aún no ha resuelto sus dudas técnicas ni ambientales.
La Alameda concentra ahora tres disputas simultáneas: una ambiental, por la cantidad real de árboles afectados; una técnica, por el expediente y el estudio de impacto ambiental; y una política, por el cruce entre Municipalidad, Gobierno Regional, dirigentes y usuarios del espacio. La obra puede ser defendida como recuperación urbana, pero sin documentos públicos, cifras claras y socialización efectiva, el inicio previsto podría encontrar una ciudad más dividida que convencida.
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