La obra de la Alameda de la República está bajo cuestionamiento técnico y legal. La regidora Sherly Morales criticó que el Gorehco haya anunciado el inicio para el 15 de julio sin contar con el expediente técnico culminado. Walter Bruno agregó que tampoco existe un costo final claro ni una cifra firme sobre los árboles afectados. Además, Bruno destacó un dato clave: existe una ordenanza municipal que declara intangibles las áreas verdes de uso público en Huánuco.
Morales afirmó que el Gobierno Regional no puede hablar de inicio de obra si el expediente no está terminado, visado y aprobado. Explicó que primero debe culminarse el producto técnico al 100%, pasar por evaluación y aprobarse mediante resolución. Por ello, calificó como una falta grave la firma de un acta con fecha de inicio junto al alcalde provincial y construcción civil, mientras los funcionarios regionales admiten que el expediente sigue en elaboración.
La regidora también cuestionó el presupuesto de S/26 millones. Señaló que ese monto corresponde al valor contractual, pero advirtió que, si el expediente aún no está cerrado, el costo final podría variar. En su opinión, existe el riesgo de que la Alameda repita problemas de otras obras regionales con ampliaciones, adicionales o paralizaciones.
La ordenanza que el arquitecto puso sobre la mesa
Walter Bruno centró su crítica en el componente urbano y ambiental. El arquitecto sostuvo que la Municipalidad Provincial cuenta con una ordenanza que protege las áreas verdes de uso público y que debería hacerla respetar frente a cualquier intervención sobre la Alameda. La Ordenanza Municipal N.° 017-2016-MPHCO declara esas áreas como intangibles, inalienables e imprescriptibles.
La norma incluye expresamente a alamedas, paseos, bermas, malecones, jardines centrales y laterales de vías públicas dentro de las áreas verdes de uso público. También prohíbe la tala o poda severa sin autorización municipal expresa y exige un informe técnico que justifique la necesidad de intervenir árboles.
Bruno advirtió que no se puede tratar la Alameda como un parque de barrio, porque tiene valor histórico, urbano e identitario para Huánuco. Según sostuvo, si el Gobierno Regional pretende retirar o mover árboles, la Municipalidad Provincial debe asumir una posición firme porque la propia ordenanza municipal protege ese patrimonio verde.
Árboles, diseño y demolición bajo sospecha
El exdecano también cuestionó que ahora el Gobierno Regional diga que no hay una cifra clara de árboles afectados. Según Bruno, para solicitar autorización de tala ante la Municipalidad Provincial debería existir un informe técnico previo con esa información. Por ello consideró inconsistente que se haya hablado antes de una cantidad y luego se alegue que no se puede precisar nada porque el expediente no concluyó.
Morales coincidió en esa línea. Dijo que los funcionarios regionales no pueden variar entre 100, 150, 200 o 206 árboles sin mostrar claridad sobre el proyecto. A su juicio, esa imprecisión revela que no conocen las metas, componentes ni el impacto real de una obra que ya tiene fecha política de inicio.
Bruno añadió otro flanco: el diseño. Según su evaluación, lo presentado por el Gobierno Regional se parece más a un boulevard que a una Alameda. También cuestionó que se pretenda demoler más de lo necesario, cuando algunas intervenciones podrían limitarse a componentes específicos como servicios o saneamiento.
La Alameda ya no enfrenta solo una protesta ambiental. Enfrenta una objeción técnica, presupuestal y normativa. Si el expediente no está cerrado, si la cifra de árboles no está definida y si una ordenanza municipal protege esas áreas como intangibles, el Gobierno Regional tendrá que explicar no solo cuándo quiere empezar la obra, sino bajo qué sustento pretende intervenir uno de los espacios urbanos más sensibles de Huánuco.
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