Procuraduría lleva a casación reducción de reparación civil en caso Virgen de la Puerta

Una reparación civil de más de S/ 2 millones fue reducida a S/ 50 mil en el caso Virgen de la Puerta, pese a que la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco sostiene que el monto inicial estaba respalda do por una pericia contable actuada en juicio. La procuradora Krupskaia Beraun indicó que su despacho presentó recurso de casación para que se revise ese extremo de la sentencia. El caso involucra al exalcalde de Huánuco Jesús “Koko” Giles, a la exgerenta de Asesoría Jurídica Zulma Picón y a empresarios vinculados al Consorcio Virgen de la Puerta. En primera instancia, Giles y Picón habían sido condenados por colusión agravada, pero la Sala Penal de Apelaciones los absolvió por mayoría al considerar que no se acreditó cuándo, cómo ni con quién se habría producido el acuerdo colusorio. Beraun explicó que la Procuraduría no discute la pena, sino el monto que el Estado podría recuperar. Según señaló, la reparación civil fijada inicialmente respondía a una pericia contable presentada y debatida durante el juicio; sin embargo, en apelación se cuestionaron posibles defectos de ese informe y se estableció una suma menor. La disputa por el perjuicio económico La procuradora sostuvo que la reducción de la reparación civil afecta directamente al Estado, porque el monto de S/ 50 mil no cubriría siquiera el daño extrapatrimonial solicitado por la defensa pública. “El que se perjudica es el Estado”, indicó al explicar que en estos procesos se consideran tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial. El Ministerio Público también interpuso casación, pero por el extremo penal del caso. Según Beraun, la Fiscalía busca que la instancia superior revise la absolución y evalúe lo actuado en el juicio, incluido el debate sobre la carta de fiel cumplimiento que, de acuerdo con la información del expediente citada en el contexto del caso, fue cuestionada por su validez. El fallo de mayoría fue rebatido por el juez superior Jim Ramírez, quien sostuvo en voto discordante que no resultaba razonable exigir una prueba directa del momento exacto de la concertación en un caso de presunta colusión. Según el contexto del proceso, Ramírez planteó confirmar la condena por colusión agravada contra los principales implicados. Otros casos bajo seguimiento Beraun también se refirió a la investigación por la adquisición de maquinarias del Gobierno Regional de Huánuco. Indicó que el caso está formalizado, pendiente de acusación, y que la Procuraduría incorporó una pericia para sustentar el eventual pedido de reparación civil. Entre los investigados mencionó al gobernador regional, al director de Transportes y a otros funcionarios, con un promedio de más de 10 personas comprendidas. La procuradora atribuyó la demora de los procesos de corrupción a la cantidad de investigados y a la necesidad de pericias contables o de ingeniería civil. Citó como ejemplo el caso Virgen de la Puerta, que dataría de 2012 o incluso antes y que recién en 2026 llegó a una sentencia revisada en segunda instancia. La casación definirá ahora si corresponde revisar la reparación civil y si el caso vuelve a discutirse en ese extremo. Para la Procuraduría, el punto central ya no es solo la condena penal, sino cuánto puede recuperar el Estado frente a obras inconclusas, recursos perdidos y perjuicios que, según Beraun, terminan afectando directamente a Huánuco.