La Procuraduría Pública Anticorrupción de Huánuco presentó una denuncia penal por presunta colusión contra los responsables de la construcción de la Institución Educativa Inicial N.° 223 de Colpa Baja. El caso adquiere relevancia política al señalar que el representante legal del consorcio ejecutor en 2015 fue Antonio Pulgar Lucas, actual gobernador regional. La infraestructura, recibida formalmente en 2017, presenta hoy grietas y hundimientos que obligaron a la administración actual a aprobar un gasto adicional de S/ 631,906 para repararla.
La denuncia, interpuesta por la abogada Krupskaia Beraún Aguirre ante la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que funcionarios del Gobierno Regional habrían concertado con el Consorcio Tahuantinsuyo para liquidar la obra pese a sus deficiencias. El documento fiscal detalla que el proyecto original tuvo un costo de S/ 919,720, pero apenas seis años después de su entrega, el Estado debe invertir casi el 69% del monto inicial en trabajos correctivos por administración directa.
El eje del conflicto reside en la validez de la recepción y liquidación de la obra en los años 2017 y 2018. Según el expediente, la infraestructura mostró un deterioro prematuro que la directora del plantel reportó formalmente en marzo de 2023, advirtiendo un "peligro inminente de colapso". Para la Procuraduría, este escenario revela que la supervisión y el comité de recepción habrían omitido fallas estructurales de origen para favorecer el cierre administrativo del contrato.
El vínculo contractual de 2015
El rastro administrativo apunta al Contrato N.° 238-2015-GRH/GR, adjudicado al Consorcio Tahuantinsuyo, integrado por las empresas OAF S.R.L. y Xena Constructora. En dicho periodo, Antonio Pulgar Lucas figuraba como representante legal del grupo empresarial, una posición que hoy genera una contradicción institucional: el Gobierno Regional que él preside debe subsanar con fondos públicos una obra que su propia empresa entregó con presuntas deficiencias técnicas.
La secuencia de hechos muestra que, en agosto de 2024, el consorcio presentó una carta de renuncia al cobro de un saldo de liquidación de S/ 14,756. Sin embargo, este gesto administrativo no exime la responsabilidad sobre la garantía de obra, que por ley se extiende hasta los siete años. La Procuraduría cuestiona por qué la gestión regional optó por ejecutar el gasto de reparación con recursos propios en lugar de ejecutar las cartas fianza o exigir el cumplimiento de la garantía al contratista.
Para los padres de familia y la comunidad de Colpa Baja, el impacto es tangible: el local escolar donde estudian niños de 3 a 5 años ha sido declarado en riesgo por erosión y hundimiento. La intervención de emergencia aprobada mediante Resolución Gerencial N.° 0224-2024-GRH/GRI confirma que la estructura no es segura. Los trabajos actuales buscan estabilizar el suelo y reforzar pabellones que, según los informes técnicos, nunca debieron ser recibidos en las condiciones en que se entregaron.
El costo de la reparación y la agenda fiscal
La fiscalía deberá ahora determinar si existió un beneficio indebido en la cadena de pagos y liquidaciones que beneficiaron al Consorcio Tahuantinsuyo. La denuncia exige la toma de declaraciones de los miembros del comité de recepción y de los representantes de las empresas involucradas. El foco de la investigación se centra en establecer si la aprobación del gasto adicional en 2024 constituye un intento de encubrir las fallas de la construcción original mediante el uso de presupuesto público para mantenimiento.
El Ministerio Público ha solicitado el expediente técnico completo y la trazabilidad de los pagos efectuados durante la liquidación de 2018. La tensión política aumenta ante la posibilidad de que el gobernador regional deba responder por actos realizados en su faceta privada como contratista del Estado. Mientras el proceso legal avanza, la infraestructura de la escuela inicial sigue bajo observación técnica, esperando que el refuerzo estructural logre salvar una inversión que hoy se encuentra bajo sospecha de corrupción.
La resolución de este caso dependerá de los peritajes de ingeniería que determinen si las grietas son producto de vicios ocultos o de una negligencia administrativa deliberada en la supervisión de 2017. Por ahora, el Ministerio Público mantiene abierta la puerta para identificar a los exfuncionarios que, con su firma, validaron una obra que hoy requiere casi un millón de soles adicionales para mantenerse en pie. El siguiente paso será la citación formal de los implicados para esclarecer el destino de los fondos destinados a la educación inicial.
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