La provincia de Pachitea alzó su voz de protesta contra el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) tras denunciar que las camionetas anunciadas para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional no fueron entregadas oficialmente, pese a que su presentación pública se realizó hace más de siete meses. La acusación apunta directamente a un presunto incumplimiento de la gestión del gobernador Antonio Pulgar, en un contexto en el que la inseguridad y la limitada capacidad operativa de las instituciones del Estado siguen golpeando a la provincia.
El reclamo fue expresado mediante un pronunciamiento de autoridades y población de Pachitea, quienes señalaron que las unidades vehiculares fueron exhibidas en un acto simbólico como parte de una entrega destinada a varias provincias. Sin embargo, según denunciaron, todo quedó en una ceremonia sin efectos reales, ya que las camionetas no fueron puestas al servicio de la Policía y, de acuerdo con la versión difundida, incluso las llaves fueron retiradas después del acto protocolar.
La denuncia ha generado fuerte malestar porque, mientras las unidades prometidas no llegan a Pachitea, la Policía continúa operando con un patrullero antiguo de más de 20 años de servicio, una situación que, según advierten las autoridades locales, limita seriamente la capacidad de respuesta ante emergencias, intervenciones y labores de patrullaje en una provincia que necesita presencia efectiva del Estado.
El cuestionamiento no se limita a una promesa incumplida. Para las autoridades y la población de Pachitea, la no entrega de estas camionetas tiene consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana y el trabajo institucional en la provincia. El único vehículo disponible no solo atiende requerimientos de la Policía Nacional, sino también del Ministerio Público, especialmente de las fiscalías que deben desplazarse a distintos puntos para ejecutar diligencias e investigaciones.
En su pronunciamiento, las autoridades cuestionan que vehículos destinados a reforzar la seguridad permanezcan sin ser entregados cuando la población enfrenta necesidades urgentes. La protesta, por tanto, no solo plantea una exigencia administrativa, sino una acusación política de fondo: que se anunció una mejora para Pachitea, pero esta no se concretó en la práctica.
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