La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), aprobó por unanimidad, con siete votos a favor, el dictamen de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, que delega en el Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. El texto abarca 27 materias y fija un plazo de 90 días calendario para emitir normas con rango de ley.
La aprobación comprende el artículo 1, que establece el plazo, las cuatro disposiciones complementarias finales y los demás extremos del dictamen. El grupo de trabajo aprobó primero, en un solo bloque, las 20 materias de la Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD, remitida por la Cámara de Diputados, y luego incorporó siete puntos adicionales al texto sustitutorio.
Qué implica la delegación de facultades
Delegar facultades es una autorización del Congreso para que el Ejecutivo emita normas con rango de ley, limitada a las materias y al plazo que se establezcan. En este caso, la habilitación cubre seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño por 90 días calendario.
Tras levantar la sesión, el presidente de la Comisión pidió a los senadores presentes que firmaran el dictamen aprobado, dada la urgencia de elevarlo al Pleno de la Cámara de Senadores, donde será debatido y votado.
Las seis materias de seguridad ciudadana
El bloque remitido por la Cámara de Diputados incluye migración y nacionalización; el fortalecimiento de mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos móviles usados en delitos, dentro de las garantías constitucionales; y mayor control, trazabilidad y fiscalización de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.
También comprende la reforma del Sistema Penitenciario Nacional y la modernización del Inpe, con la habilitación de cuarteles de las Fuerzas Armadas para internos de baja peligrosidad y penas menores; medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal que cometieron delitos graves y que, con mandato judicial, al alcanzar la mayoría de edad cumplirían la medida en una unidad diferenciada de mayor seguridad; y la lucha contra la delincuencia, la criminalidad organizada y los mercados ilícitos.
Los siete puntos incorporados por la Comisión
Entre las incorporaciones figura la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, sin asumir funciones penitenciarias. Asimismo, se plantea precisar los supuestos excepcionales de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía frente a organizaciones criminales, cuando la capacidad policial haya sido sobrepasada o exista riesgo cierto de que ello ocurra, con carácter temporal, subsidiario y territorialmente delimitado.
Otra materia propone regular la libertad vigilada postpenitenciaria para sicariato, extorsión y casos de organizaciones criminales, con un registro a cargo del Poder Ejecutivo. Se suma el establecimiento de criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a organizaciones criminales que empleen técnicas propias del terrorismo, con control judicial y derecho de defensa, sin modificar la tipificación de ese delito.
El texto incorpora además una modificación del Código Penal para establecer una presunción, que admite prueba en contrario, de actuación racional y válida de quien ejerce la legítima defensa frente a una agresión; toda resolución judicial que descarte esa presunción deberá contar con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. También se propone fortalecer la coordinación e interoperabilidad del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, y simplificar procedimientos administrativos vinculados exclusivamente con proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura.
El Niño: ayuda humanitaria, agro y vivienda
El bloque de atención al fenómeno El Niño comprende 14 materias. Entre ellas, facultar al Indeci para disponer y ejecutar de manera directa y excepcional la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendario desde una emergencia o desastre, priorizando a la población vulnerable.
Incluye también la eliminación de requisitos duplicados en procedimientos administrativos, requisitos técnicos de interoperabilidad y seguridad de plataformas públicas, y acceso a créditos, seguros y asistencia técnica para el sector agrario, con apoyo a mujeres rurales e indígenas. En infraestructura y vivienda se contemplan cambios en proyectos público-privados, adquisición y expropiación de predios, régimen registral simplificado para vivienda de interés social y soluciones temporales de acceso al agua potable.
El debate en la Comisión
Durante el debate, el senador Roger Astucuri (Obras) propuso que en el punto referido al Sistema de Inteligencia Nacional y la Dini se protejan los derechos fundamentales, y que se cree un registro para la vigilancia pospenitenciaria de sentenciados por sicariato, extorsión y organización criminal.
La senadora Katherine Ampuero (RP) precisó que el predictamen respetó la facultad de no desnaturalizar lo aprobado por la Cámara de Diputados. «Los puntos que el predictamen añade tienen que ver con esos temas. Escuché que desnaturalizamos porque traemos el tema de la Dini, que no estaba dentro de la materia de seguridad ciudadana en la propuesta del Ejecutivo, pero cuando se leen los fundamentos, se ubica ahí», afirmó.
La senadora Patricia Juárez (FP) pidió precisar que la participación de las Fuerzas Armadas será en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, sin asumir la custodia ni la administración. Las propuestas fueron incorporadas al dictamen aprobado en la sesión, que no contó con la participación de los senadores de las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Ahora Nación.
El dictamen será remitido al Pleno del Senado para su debate y aprobación.
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