La decisión del Gobierno Regional de Huánuco de impulsar adquisiciones mediante obras por impuestos podría comprometer hasta el 30% del presupuesto de futuras gestiones, según advirtió el arquitecto Walter Bruno Saavedra. El especialista cuestionó que la administración del gobernador Antonio Pulgar priorice maquinaria y equipamiento bajo esta modalidad cuando, a siete meses del cierre de gestión, la región aún mantiene brechas históricas en salud, transporte y educación.
Durante una entrevista difundida por medios locales, Saavedra sostuvo que las obras por impuestos deben orientarse a proyectos integrales y no únicamente a compras de bienes. “Está comprometiendo para la gestión que viene una deuda que se va a asumir para el tema de obras por impuestos”, indicó el especialista, al referirse al impacto presupuestal que tendría esta modalidad en el ejercicio fiscal 2027.
El arquitecto señaló que Huánuco enfrenta rezagos estructurales en infraestructura pública y cuestionó que las prioridades regionales no estén enfocadas en cerrar esas brechas. Según manifestó, la región continúa con deficiencias en infraestructura hospitalaria, educativa y vial, mientras la ejecución de inversiones sigue siendo uno de los indicadores más bajos del país. “No se está prácticamente cumpliendo lo que podría decirse un régimen para poder salir de la máxima pobreza”, afirmó.
La discusión sobre las prioridades regionales
Saavedra sostuvo que las obras por impuestos pueden ser útiles si responden a una planificación estratégica. Sin embargo, consideró que la adquisición de maquinaria sin estudios técnicos ni operativos podría repetir experiencias anteriores registradas durante la actual gestión regional. El especialista recordó que parte del pool de maquinaria adquirido en años previos permaneció inoperativo por falta de operadores, placas y mantenimiento.
“Comprar un bien y dejarlo botado no es la salida”, manifestó. Según explicó, cualquier inversión en maquinaria requiere maestranzas, operadores especializados, sectorización de equipos y planes de operatividad para las 11 provincias de Huánuco. También cuestionó que el Gobierno Regional no tenga proyectos de ejecución directa definidos, lo que —según indicó— deja dudas sobre el uso concreto de los equipos que se pretenden adquirir.
El especialista también planteó interrogantes sobre posibles convenios con municipalidades para utilizar las maquinarias. “¿Qué municipalidades también?”, preguntó durante la entrevista, al advertir que no existe información pública detallada sobre la estrategia de operación de los equipos ni sobre los expedientes técnicos que sustentarían nuevas adquisiciones bajo modalidad OXI.
El impacto para futuras gestiones
La controversia surge en la etapa final del mandato de Antonio Pulgar, a quien le restan poco más de siete meses de gestión. En ese contexto, Saavedra cuestionó que se adopten compromisos financieros que deberán asumir las próximas autoridades regionales. “Embaucar a otra gestión tampoco es la salida”, declaró, al señalar que cualquier decisión de endeudamiento indirecto debería ser concertada políticamente y transparentada ante la ciudadanía.
Las obras por impuestos permiten que empresas privadas financien proyectos públicos a cambio de certificados que luego descuentan del pago del impuesto a la renta. Aunque el mecanismo ha sido utilizado en regiones como Arequipa, Piura y Cusco para hospitales, colegios y carreteras, Saavedra sostuvo que en Huánuco el debate gira sobre adquisiciones de maquinaria y no sobre infraestructura de impacto regional.
El especialista remarcó que la diferencia entre gasto rápido y gasto efectivo será determinante en el tramo final de la gestión regional. Según explicó, la región necesita proyectos con expedientes técnicos sólidos y enfoque de cierre de brechas antes que adquisiciones aisladas. “No es llenarnos de maquinaria si no lo vamos a hacer el uso adecuado”, señaló.
La discusión podría intensificarse en las próximas semanas, mientras el Gobierno Regional define si priorizará nuevas compras bajo modalidad OXI o proyectos de infraestructura de mayor escala. El debate no solo involucra la capacidad de gasto de la actual gestión, sino también el margen presupuestal con el que iniciará funciones el próximo gobierno regional en 2027.
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