La congresista Elizabeth Medina calificó como un "escándalo presupuestal" la reciente inauguración de la Alameda Perú en Tingo María, tras detectar que el costo de la obra se incrementó en un 102.5% respecto a su planificado original. Según la legisladora, el proyecto pasó de una inversión inicial de 6 millones de soles a un presupuesto actualizado que roza los 20 millones, sin que se perciba una mejora proporcional en la calidad de la infraestructura.
Durante una inspección física y tras analizar los nueve informes emitidos por la Contraloría General de la República en 2025, Medina denunció discrepancias críticas entre lo pagado y lo ejecutado. El caso más concreto es el de los bolardos ornamentales: el Estado pagó por la instalación de 52 unidades, pero en la verificación presencial solo se hallaron 24, lo que constituye un presunto pago indebido en perjuicio del tesoro público.
La fiscalización también reveló el reporte de "obras fantasma" y metrados no ejecutados que fueron valorizados y cobrados por el contratista como si hubieran sido concluidos. Para la parlamentaria, la decisión del Gobierno Regional de Huánuco de inaugurar la obra el pasado 17 de este mes, ignorando las observaciones vigentes del control concurrente, representa una omisión grave frente a las evidencias de una gestión deficiente.
Hallazgos de la Contraloría y pagos por trabajos inexistentes
De acuerdo con el registro de la Contraloría, la secuencia de irregularidades no es una coincidencia, sino un patrón de administración irregular del gasto. Medina precisó que la entidad de control ya había advertido al ejecutivo regional que el expediente técnico manifestaba una realidad distinta a la que se estaba construyendo en campo, permitiendo el cobro de partidas incompletas que no cumplen con los estándares técnicos requeridos.
La parlamentaria cuestionó además la "reformulación" del proyecto bajo la actual gestión municipal, que elevó el costo de 9 millones a 19 millones de soles. Sostuvo que este incremento duplica el presupuesto que los peruanos deben asumir por una obra de recreación urbana que, en su fase final, presenta deficiencias visibles en los acabados de la "corona" y otros elementos estructurales que ya muestran deterioro antes de su uso intensivo.
El impacto económico de estas anomalías afecta directamente la capacidad de inversión de la región en otros sectores urgentes. Medina señaló que mientras millones de soles se diluyen en sobrecostos y materiales inexistentes en la Alameda, diversas cooperativas de Huánuco permanecen sin expedientes técnicos para el reconocimiento de sus tierras y con problemas de sanidad no resueltos por la falta de recursos y atención política.
Tensión institucional y responsabilidades pendientes
La denuncia pone bajo la lupa la trazabilidad del conteo de gastos en el Gobierno Regional y la eficacia de los mecanismos de levantamiento de observaciones. La congresista insistió en que los informes de control concurrente tienen una función preventiva que fue ignorada por las autoridades locales al apresurar la entrega de una obra que, según los documentos técnicos, aún arrastra vicios administrativos y faltantes físicos.
El siguiente paso en este conflicto institucional dependerá de las acciones legales que emprenda la Contraloría tras la validación de estos hallazgos como perjuicio económico consumado. Queda pendiente determinar si el Ministerio Público intervendrá de oficio ante las denuncias de pagos por servicios no prestados, en un escenario donde la infraestructura pública vuelve a ser el centro de una controversia por transparencia y probidad en el manejo de fondos estatales.
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