La provincia de Marañón, en el departamento de Huánuco, inició un proceso de evaluación para una posible anexión al departamento de Áncash. La medida, que involucra a los distritos de Cholón, Huacrachuco y San Buenaventura, surge como respuesta al abandono, maltrato y marginación que, según denuncian los pobladores, han padecido por parte de las instituciones y autoridades huanuqueñas.
El descontento ciudadano tiene raíces profundas. Los compromisos asumidos cuando Marañón se reincorporó a Huánuco a finales de los años 90 quedaron incumplidos. Si bien se registraron algunos avances hasta 2015, desde entonces la provincia habría sido excluida de proyectos de educación, salud, agua potable, alcantarillado, riego y carreteras. Los pobladores denunciaron que en varios periodos quedaron aislados durante semanas sin que ninguna autoridad regional atendiera la emergencia.
Gestiones ante la justicia de Áncash
El profesor Merari Salazar Campos, ciudadano de Huacrachuco, confirmó el malestar generalizado y explicó que el alcalde provincial, Aliardo Aguirre Lima, convocó a una asamblea en la capital marañonense. Allí se acordó iniciar los trámites para que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional pasen a la jurisdicción de Áncash. El argumento es práctico: acceder a la justicia se volvió más costoso y complicado al tener que trasladarse hasta Aucayacu o Tingo María, lo que desalienta cualquier proceso legal para los habitantes de la provincia.
Una comisión de la Municipalidad Provincial de Marañón viajó a Huaraz para reunirse con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, Nilton Moreno Merino, quien mostró disposición para asumir la administración de justicia en Marañón siempre que exista una petición formal. Se propuso iniciar la atención de inmediato con apoyo de la municipalidad en ambientes temporales, hasta concretar un local propio en 2027.
La comisión también se entrevistó con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Jorge Luis Temple, quien respaldó la iniciativa. Temple sostuvo que, de concretarse el cambio del Poder Judicial, se produciría un efecto dominó que desplazaría automáticamente las fiscalías y la Policía Nacional hacia la órbita de Áncash. Además, ofreció implementar una Cámara Gesell y una Unidad Médico Legal en la provincia. No se concretó reunión con el jefe de la Región Policial por encontrarse ausente.
Decisión final el 30 de mayo
En la asamblea también se destacó la necesidad de contar con la opinión de las comunidades campesinas y las rondas de San Buenaventura y Cholón. Para ello se programó una reunión ampliada el 30 de mayo, donde se tomará la decisión final sobre el proceso. Los pobladores consideran que este movimiento, aunque silencioso, parece irreversible y argumentan que con Áncash alcanzarían mejores condiciones de desarrollo frente a la indiferencia que según atribuyen al Gobierno Regional de Huánuco.
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