Más de 5 mil pobladores de Llicua permanecen en incertidumbre debido a la paralización de la obra de protección en la quebrada Agorragra, advirtió Raúl Céspedes, dirigente adjunto del sector. El dirigente anunció un plantón ante el Gobierno Regional de Huánuco para exigir una fecha concreta de reinicio.
Céspedes indicó que la obra lleva entre 8 y 9 meses paralizada y que, pese a las reuniones sostenidas, no existe una fecha definida para retomar los trabajos. La población esperaba ser informada sobre el reinicio, pero solo recibieron explicaciones relacionadas con los adicionales 8 y 9.
El dirigente afirmó que la zona se encuentra en condiciones preocupantes y que los trabajos previos habrían quedado deteriorados. Señaló que cada visita al gobierno regional termina con respuestas temporales, que comparó con "una pastilla de antalgina", pues no resuelven el problema de fondo.
La principal preocupación de los vecinos es la llegada de la temporada de lluvias. Céspedes recordó que hace dos o tres años ocurrió una tragedia en la zona, cuando murió una niña, y sostuvo que la población no quiere que una situación similar se repita por falta de protección.
El dirigente precisó que uno de los obstáculos señalados anteriormente, relacionado con el botadero para el material excedente, ya habría sido superado. Ahora cuentan con un botadero en el valle, identificado como M3. Sin embargo, la obra continúa sin reiniciarse.
Céspedes negó que la población se oponga actualmente al proyecto. Por el contrario, afirmó que los vecinos desean que la obra se reinicie de inmediato, pues consideran que el muro de protección es necesario para reducir riesgos en la quebrada.
El dirigente sostuvo que ya se agotó un mes de diálogo sin resultados. Indicó que presentaron un documento con carácter urgente para pedir el reinicio de la obra y que el plazo de conversación se habría cumplido entre el 15 de junio y el 15 de julio.
Céspedes anunció que el miércoles será la protesta definitiva de la población de Llicua. Afirmó que no aceptarán un comunicado destinado solo a calmar los ánimos, porque la demanda no es una declaración pública, sino una decisión operativa: reiniciar la obra.
El representante vecinal sostuvo que el Gobierno Regional no ha dado una respuesta concreta al documento presentado. Insistió en que la población quiere mantener "la fiesta en paz", pero advirtió que la falta de solución los obliga a protestar.
La obra de protección de Agorragra se convierte así en un conflicto de prevención antes que de reparación. Los pobladores no esperan a que ocurra una emergencia; exigen que el gobierno regional actúe antes de la temporada de lluvias y antes de que el riesgo derive en un nuevo accidente.
Lo pendiente es que la autoridad regional precise el estado real de los adicionales mencionados, confirme si el botadero ya permite destrabar la ejecución y comunique una fecha verificable de reinicio. Sin esos datos, la protesta vecinal seguirá creciendo alrededor de una obra paralizada y de una quebrada que la población considera peligrosa.
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