El proyecto de remodelación de la Alameda de la República entró en una fase más delicada luego de que el presidente del Comité Central de Juntas Vecinales de Huánuco, Clever Calixto Natividad, advirtiera que la población desconoce "ni el 10%" de la intervención y que el impacto sobre los árboles sería mucho mayor al inicialmente previsto. Según afirmó, el proyecto afectaría a 321 árboles entre tala y reubicación.
Calixto precisó que las juntas vecinales aún no han activado ningún mecanismo legal, pese a versiones sobre una posible acción judicial. Lo que sí hicieron, indicó, fue emitir un pronunciamiento en el que respaldan la ejecución de obras, siempre que no vulneren el patrimonio cultural, el ambiente ni la confianza de la población.
El dirigente sostuvo que la información expuesta hasta ahora no permite validar el proyecto. Según su versión, en la conferencia realizada en la Cámara de Comercio no se socializó realmente la obra, sino que se presentó información parcial. "No hay maquetas, no hay diseños", afirmó, y añadió que ni el alcalde provincial tendría información completa del expediente.
Un contrato llave en mano bajo observación
Calixto explicó que el proyecto se desarrolla bajo un contrato expediente-obra, conocido como "llave en mano". Según detalló, el contratista que gana el proceso elabora el expediente técnico y ejecuta la obra. En ese esquema, indicó que el expediente tenía un plazo de 30 días y la ejecución de la obra 540 días, lo que llevaría el proceso total a cerca de 630 días.
El dirigente señaló que la inversión asciende a S/26 millones y cuestionó que la población no conozca con claridad en qué se gastará ese monto. También sostuvo que, si el contrato se firmó en octubre, el expediente debió estar concluido en enero, aunque habría sufrido demoras por la incorporación de nuevos componentes.
Uno de los puntos más graves, según Calixto, es que el expediente tendría cuatro entregables y, hasta donde conocen las juntas vecinales, ninguno habría sido aprobado. Esa afirmación debe ser contrastada con la entidad responsable, pero refuerza la exigencia de transparentar la situación administrativa, técnica y legal del proyecto antes de iniciar la obra.
Calixto también cuestionó presiones para que el proyecto empiece el 15 de julio. Según dijo, el sindicato de Construcción Civil realizó un plantón en la Municipalidad Provincial de Huánuco y todo apuntaría a que esa medida habría sido coordinada con el Gobierno Regional. Esa afirmación constituye una percepción del dirigente y requiere versión de las partes mencionadas.
El 70% de los árboles sería afectado
La entrevista introduce un dato central. Calixto señaló que se habla de 206 árboles que serían talados, 56 reubicados dentro del mismo espacio y otros 59 trasladados a otros lugares. Bajo ese cálculo, 321 árboles serían afectados de un total de 452 identificados en el proyecto. Según el dirigente, eso representa alrededor del 70% de la arboleda.
Para el Comité Central, ese nivel de afectación demostraría que el diseño no habría aplicado los mejores criterios ambientales, paisajísticos ni urbanísticos. Calixto sostuvo que el proyecto aparenta tener un diseño geométrico que obliga a liberar cualquier interferencia. En otras palabras, si un árbol interrumpe el trazo, se sometería a tala o reubicación.
El dirigente planteó que el diseño debe funcionar al revés: la ingeniería, la arquitectura, la vialidad y el saneamiento deben adaptarse a la ubicación de los árboles. Puso como comparación la avenida Arequipa, donde, según señaló, se habría minimizado el impacto sobre la flora y se incorporaron ciclovías y paseos peatonales sin afectar de manera severa la vegetación.
Calixto también pidió precisión sobre qué árboles serían talados y cuáles reubicados. Señaló que no es lo mismo mover árboles pequeños que ejemplares grandes de 50 o 70 años, cuya reubicación sería prácticamente inviable. Aunque reconoció que especialistas han indicado que existe tecnología para trasladar árboles, insistió en que la información debe ser técnica y específica.
El proyecto queda ahora bajo una exigencia concreta: mostrar expediente, entregables, estudios ambientales, criterios de tala, plan de reubicación, diseño arquitectónico, sustento vial y permisos. Para las juntas vecinales, en las condiciones actuales, la obra no debería avanzar. Si las autoridades no transparentan el 90% de información que, según Calixto, aún se desconoce, el conflicto podría escalar de la desconfianza ciudadana a una crisis abierta por la Alameda.
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