La controversia sobre la Alameda de Tingo María escaló luego de que el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) saliera a desmentir públicamente un presunto incremento del 100% en el costo de la obra y cuestionamientos técnicos sobre su ejecución. Según indicó Daniel Mallqui, funcionario regional, el proyecto pasó de S/ 14.6 millones a S/ 17 millones 343 mil 628, lo que representa un aumento cercano al 15% y no duplicaciones como se difundió en redes sociales y por autoridades políticas.
El expediente original, aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N.º 931-2023 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado el 29 de agosto de 2023, establecía una inversión total de S/ 15.9 millones, con un costo directo de obra de S/ 15.6 millones, precisó Mallqui. Con ese valor referencial se convocó la licitación pública, de la cual resultó un contrato inicial de S/ 14.6 millones, explicó el funcionario en conferencia de prensa.
El incremento final se explica por cuatro adicionales de obra por S/ 2 millones 195 mil y reajustes de precios superiores a medio millón de soles, conforme a la normativa vigente, detalló Mallqui. “No ha incrementado el 100%, no es de 9 a 18 ni de 4 a 30 millones”, señaló, al cuestionar las declaraciones de la congresista Medina, quien había sostenido un aumento significativo del presupuesto.
Control concurrente y cuestionamientos políticos
Respecto a las supuestas “nueve auditorías” negativas, Mallqui indicó que se trató de ocho hitos de control concurrente realizados entre 2024 y 2025 por la Contraloría, mecanismo que —según explicó— busca advertir situaciones durante la ejecución y no sancionar irregularidades. “No ha habido auditoría adversa como tal”, precisó, al señalar que todas las observaciones fueron implementadas por el Gobierno Regional.
El funcionario sostuvo que estos hitos incluyeron observaciones menores como ausencia temporal de especialistas en campo o ajustes en procedimientos constructivos. “Todo el acompañamiento está registrado en el sistema de control”, afirmó, al defender la transparencia del proceso y cuestionar la interpretación política de estos informes.
Desde otra perspectiva, el ingeniero José Medina, también funcionario del proyecto, atribuyó la controversia a “desinformación” difundida en redes sociales y por actores públicos sin conocimiento técnico. Medina defendió el impacto urbano de la obra, inaugurada la semana previa a la conferencia, destacando su alta afluencia y su rol como espacio público central en Tingo María.
Drenaje pluvial en el centro del debate
Uno de los principales cuestionamientos técnicos se centró en la ausencia de drenaje pluvial, lo que fue rechazado por Medina. El ingeniero explicó que la Alameda cuenta con un sistema de drenaje basado en cajas, geomantas, tuberías perforadas y pendientes en veredas que permiten evacuar el agua hacia la pista y finalmente al río.
Según detalló, cada jardín incorpora entre dos y tres cajas de drenaje, y el diseño incluye tuberías que conducen el agua acumulada, evitando aniegos que sí se registraban en la infraestructura antigua. Medina recordó que antes de la intervención existían puntos críticos como el monumento a Leoncio Prado o zonas cercanas a colegios, donde el agua se estancaba tras lluvias intensas.
El funcionario añadió que, incluso durante eventos climáticos recientes, no se han reportado inundaciones en la nueva infraestructura, lo que —según indicó— demostraría el funcionamiento del sistema. No obstante, el debate político continúa abierto, especialmente por el involucramiento de autoridades nacionales y el impacto que la obra tiene en la percepción de gestión pública en una ciudad clave de la región.
En este escenario, la disputa sobre cifras, controles y aspectos técnicos trasciende lo administrativo y se instala en el terreno político, donde la narrativa sobre transparencia y eficiencia en obras públicas suele definir costos electorales. La evolución de esta controversia marcará si la Alameda se consolida como símbolo de gestión o como punto de conflicto en la agenda regional.










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