La fiscal Diana Marleni Quispe Tintaya dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el alcalde de Leoncio Prado, Marx Enderson Fuentes Reynoso, y el pleno de su concejo municipal. La medida responde a la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, tras haber ignorado un mandato vinculante emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La controversia tiene su origen en la resolución N° 0612-2025-JNE, que anuló la vacancia de la regidora Vanessa Urquía García. El organismo electoral ordenó que el concejo se pronunciara nuevamente sobre el caso en un plazo máximo de 15 días hábiles. Al vencerse el término sin respuesta institucional, el JNE remitió los actuados al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.
Según el Oficio N° 006900-2025-SG/JNE, el expediente —compuesto por 238 folios— fue devuelto a la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco para acreditar la omisión de funciones. Este documento confirma que la máxima autoridad electoral agotó la vía administrativa antes de judicializar la conducta de las autoridades municipales de Tingo María.
Conflicto institucional y riesgos penales
La investigación, que tendrá un plazo inicial de 60 días, estará a cargo de efectivos policiales especializados. Las diligencias incluyen la toma de declaraciones obligatorias del alcalde Fuentes, los regidores y la propia concejal Urquía, además de la revisión de las actas de sesión de concejo donde se habría materializado el desacato a la orden electoral.
De confirmarse la responsabilidad penal bajo el artículo 368 del Código Penal, el alcalde y los regidores podrían enfrentar penas de hasta seis años de privación de la libertad. Esta situación coloca a la gestión de Leoncio Prado en un escenario de inestabilidad jurídica, mientras el JNE mantiene la vigilancia sobre la jerarquía de sus resoluciones frente a la autonomía municipal.
El caso ahora se desplaza a la sede fiscal, donde se deberá determinar si la falta de pronunciamiento fue una omisión administrativa o una estrategia política deliberada. El desenlace de esta indagación marcará un precedente sobre el cumplimiento de las normas electorales por parte de los gobiernos locales en la región Huánuco.
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