La obra de la Alameda de la República ya no se discute solo entre autoridades, expedientes y sindicatos de construcción. En el centro del conflicto aparecen ahora los feriantes sabatinos, productores que sostienen la feria “De la chacra a la olla” y que advierten una afectación directa a su derecho al trabajo si el inicio del proyecto avanza sin un plan claro, firmado y ejecutable de reubicación temporal y solución definitiva.
Víctor Hidalgo, representante de los feriantes, sostuvo que las reuniones con el Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Provincial han dejado más dudas que certezas. Según relató, el Gobierno Regional propuso inicialmente trasladar temporalmente la feria hacia las calles Alfonso Ugarte y Pedro Barroso, además de asumir la socialización con los vecinos de esas juntas vecinales. Sin embargo, dijo que el alcalde Antonio Jara comunicó luego a los productores que no aceptaba ninguna de esas dos alternativas.
Esa contradicción impulsó una nueva propuesta: el Malecón Calicanto. El acta firmada por el gobernador Antonio Pulgar, el alcalde Jara y representantes de Construcción Civil señala que el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial coordinarán con la Municipalidad Distrital de Amarilis la reubicación temporal de los feriantes en esa zona, previa autorización de dicha comuna. Para los productores, sin embargo, Calicanto solo responde al corto plazo y no resuelve el problema de fondo.
La feria pide reglas, no promesas.
Hidalgo leyó un pronunciamiento con cuatro exigencias centrales. La primera es el reconocimiento del derecho campesino mediante una ordenanza regional que declare de necesidad y utilidad pública la promoción, apoyo y fortalecimiento de la feria sabatina de productores “De la chacra a la olla”. El pedido busca que la feria no sea tratada como una ocupación incómoda, sino como una actividad económica campesina que requiere protección institucional.
La segunda demanda apunta al cumplimiento de los procedimientos de inversión pública, la aprobación del estudio de impacto ambiental y la implementación de un mecanismo de consulta previa, debido a que, según el pronunciamiento, entre los integrantes de la asociación existen pueblos indígenas y quechuahablantes. Esa exigencia introduce una dimensión legal y social más compleja al proyecto, porque vincula la obra con derechos colectivos que no pueden ser despachados como un simple trámite urbano.
El tercer pedido exige una ordenanza municipal urgente para implementar un plan de contingencia en un lugar temporal. Los feriantes piden que ese plan precise carpas y módulos que garanticen la continuidad de su trabajo mientras dure la ejecución. No se trata solo de mover puestos: para los productores, la ubicación, las condiciones mínimas y la formalidad del acuerdo determinarán si pueden vender o si pierden ingresos.
La cuarta exigencia mira más allá de la emergencia. Los productores reclaman la firma de un convenio para ejecutar el proyecto Campo Ferial Puelles o, en su defecto, la compra de un terreno adecuado como solución definitiva. Ese punto revela el núcleo del conflicto: la obra de la Alameda puede ser el detonante, pero la demanda real es un espacio permanente, seguro y reconocido para la feria.
El riesgo de enfrentar trabajadores contra productores.
Hidalgo afirmó que todo acuerdo debe ser formal, por escrito y con cumplimiento real. También dijo que la posición de los feriantes es firme, pero abierta al diálogo responsable y a resultados concretos. Esa frase intenta contener un escenario que el propio dirigente describió como cada vez más tenso.
El representante aseguró que algunos productores le comunicaron que defenderán “con sangre” su derecho al trabajo y su medio de vida. La frase, por su gravedad, debe leerse como una alerta social y no como una consigna validada por el medio. Expresa el nivel de temor y desesperación que, según Hidalgo, está creciendo entre quienes dependen de la feria para sostener su economía familiar.
El dirigente también acusó indefinición de las dos máximas autoridades y cuestionó que, según su lectura, se esté empujando a los feriantes hacia un enfrentamiento con Construcción Civil. En sus declaraciones, rechazó expresiones atribuidas a dirigentes de ese gremio y sostuvo que los feriantes no son ajenos a Huánuco, sino productores de la propia provincia.
El problema, entonces, no es únicamente dónde colocar puestos durante unas semanas o meses. La pregunta mayor es si una obra pública puede iniciar sin haber cerrado antes la ruta social de quienes serán desplazados de su espacio habitual de trabajo. Para los feriantes, la respuesta es no. Para las autoridades, el acta ya fijó una ruta, pero aún falta convertirla en condiciones reales.
La cuenta regresiva corre hacia el 15 de julio. Si Calicanto obtiene autorización y se implementa con módulos, carpas y acuerdo escrito, la obra podría reducir un frente de conflicto. Si la reubicación se queda en promesa, la Alameda puede abrirse no con maquinaria, sino con una disputa social entre productores, sindicatos y autoridades que todavía no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe proteger el derecho a trabajar mientras Huánuco intenta cambiar su rostro urbano.
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