Falta de garantías y presunto tráfico de tierras frenan desalojo de 300 policías en Puelles

Más de 300 efectivos policiales llegaron al sector Puelles para ejecutar una orden de desalojo, pero el operativo no avanzó. Un informe policial advirtió que no existían garantías suficientes y, tras varias horas de tensión y diálogo con los dirigentes, la magistrada suspendió la diligencia la mañana del 12 de agosto. El operativo, que buscaba ejecutar una orden judicial de reivindicación a favor de la parte reclamante, colisionó con la realidad social del lugar: familias de bajos recursos, personas con discapacidad y vecinos que aseguran permanecer desde hace 18 años en el terreno. Durante las horas de incertidumbre, mientras las autoridades dialogaban a prudente distancia con los dirigentes, los pobladores improvisaron un frente de resistencia anclado en la precariedad y la desesperación. El escenario era de alta tensión. En el área había personas encapuchadas o con el rostro cubierto, varias de ellas con palos en las manos, mientras a pocos metros permanecían familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. La presencia de estas personas formó parte del escenario de riesgo advertido durante el operativo. La suspensión evitó el retiro inmediato de las familias, pero no anuló la orden judicial. Durante la diligencia surgieron acusaciones cruzadas sobre un presunto tráfico de terrenos. El representante de la Defensoría señaló que ambas partes hablaban de ello, mientras Gino Zevallos Bravo exhibió contratos, una partida y comprobantes que, según afirmó, respaldan la compra de seis hectáreas. Una orden judicial frente a contratos y comprobantes El representante de la Defensoría del Pueblo confirmó que existe una orden de desalojo y que el expediente cuenta con sentencias. Precisó, sin embargo, que la diligencia solo podrá ejecutarse cuando existan garantías para ambas partes y la intervención no coloque a la población en una situación de riesgo. “No se lleva a cabo ningún desalojo”, afirmó el funcionario al comunicar el resultado de la jornada. Explicó que la magistrada deberá programar una nueva fecha, mientras los abogados continúan la discusión sobre los derechos alegados en el proceso. Gino Zevallos Bravo, dirigente de uno de los asentamientos involucrados, sostuvo que los residentes no fueron notificados correctamente. Frente a las cámaras mostró contratos, una partida y comprobantes de pago que, según su versión, respaldan la compra de seis hectáreas. “Me venden seis hectáreas con una partida. Yo he pagado cada letra y tengo los vouchers”, declaró Zevallos. El dirigente pidió a la magistrada revisar la documentación y determinar cómo se realizaron las ventas antes de ordenar otra intervención. Los documentos exhibidos forman parte de la posición de los pobladores dentro de la controversia. La orden judicial permanece vigente y la evaluación de los contratos y comprobantes corresponderá a las autoridades y a los abogados que intervienen en el proceso. “No tenemos dónde ir ni dónde vivir” El conflicto alcanzó su momento más tenso cuando una pobladora pidió detener el operativo y recordó que en el lugar viven familias de bajos recursos, niños y personas con discapacidad. La mujer sostuvo que los vecinos habitan el sector desde hace 18 años y que varias familias no tienen otro lugar donde trasladarse. “Aquí hay muchas personas de recursos económicos bajos, que no tenemos dónde ir ni dónde vivir”, manifestó. En medio de su reclamo, acusó al supuesto propietario de intentar influir en la decisión judicial y lanzó un pedido directo a las autoridades: “Por favor, no por la plata se dejen comprar”. La denuncia fue formulada públicamente por la residente durante la diligencia. La Defensoría señaló que cualquier acusación sobre posibles delitos debe ser presentada ante las autoridades competentes para que pueda investigarse. Ambas partes hablan de tráfico de terrenos Consultado sobre las denuncias de tráfico de terrenos y cobros indebidos, el representante de la Defensoría indicó que ambas partes han hecho señalamientos sobre esas prácticas. Aclaró que corresponde al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades. “Hablan de cobros indebidos, pero eso ya tiene que ver la autoridad del Ministerio Público. Los ciudadanos que se consideran víctimas de ese delito tienen que ir”, señaló. La Defensoría sostuvo que su función durante la diligencia fue cautelar los derechos a la vida, la salud, los bienes y el libre tránsito. También pidió considerar la presencia de niños, mujeres y personas con discapacidad antes de desplegar un nuevo operativo. El retiro de los policías cerró la jornada sin desalojo, pero dejó intacta la disputa. Las familias permanecen en Puelles, la orden judicial continúa vigente y la próxima decisión estará en manos de la magistrada, quien deberá fijar una nueva fecha y establecer si existen condiciones para ejecutar la medida.